Que el informe español pasará cómodamente el examen es algo que no admite dudas, entre otras cosas porque no existe baremo alguno frente al que deba medirse. Naciones Unidas ha tratado de orientar el ejercicio, generando un Manual y diversas herramientas para la orientación de los países, pero aun así el proceso es muy laxo y los informes presentados son de muy diversa entidad y alcance. En el Comité de Políticas para el Desarrollo de Naciones Unidas, al que pertenezco, se hizo un estudio piloto de los informes presentados en 2017 y se pudo comprobar la disparidad existente en la interpretación de la Agenda 2030 y en los niveles de exigencia con que se trasladan sus propósitos a las políticas nacionales.
Ahora bien, este hecho no exime a España de construir una buena estrategia, capaz de activar las energías del gobierno y de los actores sociales, alineando los esfuerzos respectivos con los propósitos de la Agenda. Evaluar si la propuesta del gobierno es razonable requerirá, por tanto, un juicio ponderado de los compromisos que se asumen en todos y cada uno de los 17 objetivos y de las respectivas 169 metas. Se trata, aceptémoslo, de una tarea ambiciosa, que requeriría tiempo y esfuerzos. Déjenme que les ofrezca, de forma alternativa, cinco criterios sencillos de carácter transversal (es decir, que afectan a la integralidad de la Agenda) a través de los que juzgar la seriedad del compromiso asumido por España. Los plantearé en forma de interrogantes a los que el documento debería dar respuesta.
En primer lugar, ¿se han identificado los grupos que resultan más vulnerables, marginados o empobrecidos en el seno de la sociedad española?; y ¿se han establecido políticas dirigidas a atender sus específicas necesidades? Como es sabido, uno de los principios que inspira la Agenda 2030 alude a la necesidad de potenciar la inclusión social, haciendo que sean los sectores más vulnerables, empobrecidos o marginados los que se beneficien en mayor medida de los procesos de transformación que se reclama: un propósito que ha quedado acuñado bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”. Es claro que ese principio no se hará operativo si los países no hacen el esfuerzo, primero, de identificar de manera precisa a los grupos vulnerables existentes en su seno; y, segundo, de analizar sus carencias y sugerir medidas de política para superarlas.
En segundo lugar ¿se han identificado adecuadamente los potenciales conflictos e interdependencias entre las políticas a aplicar? Los objetivos y metas de la Agenda 2030 se despliegan en muy diversos campos, en ocasiones dando lugar a propósitos no enteramente compatibles. El impulso del crecimiento puede tener a corto plazo efectos perversos sobre el entorno ambiental o la protección de la vejez puede reducir los recursos disponibles para apoyar la formación de los jóvenes. Es necesario que los informes nacionales detecten estos conflictos y establezcan las transacciones necesarias entre propósitos, todos ellos deseables. Obviar este hecho sería un signo de la limitada seriedad con la que se ha hecho el ejercicio de programación.
En tercer lugar, ¿es una estrategia del gobierno de la nación o una que acoge al conjunto de la sociedad? Por su ambición y carácter comprehensivo la Agenda interpela no solo a los gobiernos centrales, sino también a los locales y autonómicos y al conjunto de la sociedad. Por ello, la Agenda 2030 señala (párrafo 84) que los procesos de revisión, aunque dirigidos por los Estados, deben implicar al conjunto de los actores sociales. En el caso español, algunos de ellos (gobiernos autónomos, gobiernos locales, algunas empresas, ONG y universidades) han revelado mayor interés y capacidad de iniciativa que el propio gobierno de la nación. El objetivo 17 de la Agenda establece que para afrontar los desafíos de la Agenda 2030 se requieren alianzas entre actores diversos, que sumen capacidades, experiencias y recursos. Es difícil que ese efecto se produzca si esos mismos actores afectados han quedado marginados de los procesos de definición de la estrategia nacional.
En cuarto lugar ¿se han previsto mecanismos adecuados para dar el seguimiento y rendición de cuentas de la Agenda 2030? La institucionalidad creada hasta el momento (un embajador en misión especial y un Grupo interministerial de Alto Nivel), si bien apta para elaborar el documento de compromisos, no lo es para dar seguimiento a la Agenda, habida cuenta de que esta comportará compromisos de política pública en muy diversos ámbitos. Solo una instancia con autoridad supraministerial para mediar y coordinar esos esfuerzos podría hacer esa tarea. Al tiempo que debe preverse el sistema de rendición de cuentas ante las instancias de representación democrática. Si esos aspectos no se definen, es difícil que se confíe en un efectivo cumplimiento de lo prometido.
Por último, ¿la estrategia se traduce en compromisos presupuestarios que den sentido a las prioridades asumidas? Si no existen previsiones presupuestarias que den respaldo, siquiera de forma tentativa, a los compromisos planteados, hay que dudar de la voluntad efectiva de hacerlos realidad. Dado que la Agenda es amplia, cabría enfocar la mirada hacia los compromisos internacionales: ¿se programa ampliar la ayuda internacional? ¿se piensa elevar el compromiso en materia de cambio climático?
En suma, sugiero que, cuando se haga pública la propuesta del gobierno sobre la Agenda 2030 la analicemos a la luz de estos cinco sencillos interrogantes. Si la respuesta que obtenemos para cada uno de ellos es positiva, podremos respirar tranquilos: es posible que haya carencias en algún componente, pero el documento, en su conjunto, respondería a un esfuerzo serio por parte del gobierno. Si se acumulan respuestas negativas, es posible que el documento sea aparente y que, incluso, pase sin problemas el ejercicio de Naciones Unidas, pero existirían motivos serios para la preocupación.
