Australia, el país que registra más emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, prepara un sistema de incentivos a cambio de reducciones, cuyo borrador fue presentado hoy por el experto australiano Ross Garnaut.
Un destacado analista australiano sobre el clima ha presentado un borrador relacionado con un sistema de incentivos a cambio de la reducción de gases contaminantes con objeto de reducir las cada vez mayores emisiones de principal emisor del mundo de gases contaminantes de efecto invernadero per cápita.
El economista Ross Garnaut, nombrado por el gobierno de su país para diseñar lo que será el régimen más extenso del mundo en emisiones desde 2010, señaló que Australia ha sido calificado como país de "alto riesgo" en el cambio climático por lo que recomendó poner freno a las emisiones, en el mayor exportador de carbón del mundo.
Sin embargo, el primer ministro Kevin Rudd, quien ganó cómodamente las elecciones del pasado mes de noviembre, debido en parte a su programa ecológico, está bajo presión para suavizar el impacto del aumento del precio de la energía y del petróleo de las emisiones en relación con un sistema de incentivos para la reducción de estos gases.
"No podemos tirar la pelota", dijo Garnaut en un discurso. "Nuestra ubicación nos hace ser un país cálido y seco. El incremento en la temperatura y el descenso de las precipitaciones tienen una impacto mucho mayor aquí que en otros países ricos", precisó.
Garnaut, apodado el Nicolás Stern de Australia –autor británico de numerosos informes sobre lucha contra el cambio climático–, instó a Rudd a ir más allá de su actual objetivo para reducir las emisiones de gases que producen efecto invernadero en un 60 por ciento en 2050.
Asimismo, estimó necesario incluir en su planificación la energía y el transporte, aunque señaló que las grandes empresas cuyos rivales extranjeros están libres de contaminación deberían ser compensados.
Los votantes, aunque ya se están viendo afectados por el alto precio del petróleo, junto al aumento del precio de los alimentos y de las hipotecas, están presionando a Rudd para que adopte un plan correcto que logre limitar el impacto en el australiano común. Los sondeos muestran como el aumento del coste de la vida ya está influyendo en la popularidad del Ejecutivo.
Algunos ecologistas opositores y analistas conservadores han comenzado a pensar que una noche electoral como la del año pasado parece imposible; las emisiones de dióxido de carbono y la política sobre el clima podrían producir trastornos económicos durante los tres años restantes del gobierno laborista de Rudd. Garnaut no tiene datos concluyentes de lo que le podría costar a su Gobierno aunque estimó que la política climática a medio plazo podría suponer el 4,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), unos 384.000 millones de dólares a finales de este siglo.
La contaminación paga
"Un sistema de mercado efectivo podría estar basado en líneas tan generales como posibles, con cualquier exclusión por la necesidad práctica y no por consideraciones políticas a corto plazo", agregó el informe. Las empresas generadoras de energía aseguran que tendrán que subir los precios, mientras los granjeros y las minas de carbón muestran su preocupación por la pérdida de competitividad.
Entre las propuestas de Garnaut, los negocios que produzcan menos gases de efecto invernadero del máximo autorizado podrían recibir créditos y se les permitirá vender la cuota que les sobre en una subasta competitiva a las empresas que superen límite de emisiones de carbono.
Este esquema de Garnaut afectaría a más sectores de la economía, en comparación con el esquema de negocio de las emisiones de la Unión Europea, que en la actualidad es el mayor sistema de este tipo, y que cual generó un volumen de 50.000 millones de dólares el año pasado.
El informe reconoce que un sistema de mercado competitivo de emisiones de gases podría provocar un gran giro en los precios en la primera etapa y acepta que éste es un buen argumento para depender inicialmente de unos límites en los precios fijos durante un periodo de prueba de dos o tres años.
Por otra parte, Garnaut indicó que las empresas exportadoras de "emisiones intensivas" deberían ser compensadas si su rivales extranjeros son libres para contaminar, con compensaciones que estén determinadas por el regulador del banco del carbón.
Otra de las ideas es que las compensaciones directas para desincentivar a los exportadores y mantenerlos en Australia, deberían estar limitadas como mucho al 30 por ciento del coste de la compra de emisiones permitidas, detalla el estudio, que propone un test de respuesta de los grupos ecologistas.
"Existe el peligro de que si nos movemos a un esquema de empresa del bienestar, esto va a prolongar el uso del carbón. El carbón no es la solución, el carbón es el problema", consideró el presidente ejecutivo de Greenpeace en Australia, Steve Shallhorn, en declaraciones a Reuters. El 77 por ciento de la electricidad de Australia se genera por el carbón.
