El Gobierno de Baleares ha dejado en suspenso el veto a los vehículos diésel nuevos y a los de combustión en general que pretendía empezar a aplicar a partir de la próxima década.
Lo hace para evitar que el Ejecutivo central bloquee su ley de cambio climático, en la que se incluye el calendario por el que los diésel nuevos no podían circular por las islas a partir de 2025 y el resto de vehículos con motores de combustión a partir de 2035.
Ambas Administraciones han llegado a un acuerdo que implica esa moratoria a la espera de que el Gobierno central apruebe una ley estatal de cambio climático. A partir de ese momento, Baleares espera poder recuperar ese calendario que ahora ha dejado en suspenso.
La ley de cambio climático estatal, que preparó el Ministerio para la Transición Ecológica pero que no llegó a entrar en el Congreso en la anterior legislatura, apostaba por vetar la venta y matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono –los de gasolina, diésel y gas natural– a partir de 2040.
Ese calendario se ajusta a las previsiones que tiene la propia Comisión Europea, que aboga por que en 2050 toda la economía de la UE sea neutra en carbono.
Baleares
Baleares decidió ir un paso más allá y situarse en la vanguardia de la lucha contra los vehículos de combustión, que, además de contribuir al cambio climático, suponen un riesgo para la salud de la población debido a las partículas y otros contaminantes que también expulsan ese tipo de motores. Sin embargo, el Ejecutivo central ha recordado este martes que ese veto a la circulación de los vehículos invade competencias estatales.
La aprobación de la ley balear, que contó con el apoyo de PSOE, Més y Podemos, desencadenó la ira de la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, que llevó el caso ante la Comisión Europea y la Administración central.
El Gobierno español apreció que algunos puntos de la ley podían invadir competencias estatales y decidió convocar al Ejecutivo balear a una comisión bilateral. Ese es el paso previo que establece la legislación antes de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Si el Estado lo hubiera hecho se habría suspendido automáticamente la ley durante al menos seis meses.
Al margen de los vehículos, la norma balear plantea también un calendario de cierre de las centrales que queman combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural– para generar electricidad.
Además, establece que en 2050 el 100% del consumo energético de las islas sea de origen renovable. En 2035 se deberá haber llegado al 35%. Además, se plantean objetivos de reducción del consumo energético del 26% en el 2030 y del 40% en 2050.
Ley estatal
El vicepresidente y conseller de Transición Energética de Baleares, Juan Pedro Yllanes, destacó la semana pasada que con el acuerdo que se ha cerrado con el Gobierno central «se mantiene el texto de la norma». Es decir, que no cambia la redacción de la ley y solo se deja en suspenso el calendario de veto a los vehículos de combustión.
Yllanes ha interpretado que al no modificarse la redacción de la ley, «en principio ese horizonte de 2025 [para el veto a las matriculaciones de diésel] podría ser autorizado por la ley estatal de cambio climático y transición energética».
Según el vicepresidente balear, «el Estado tiene la intención de ser enormemente rápido en sacar la ley de cambio climático; no puede ser de otra manera a la vista de la situación de emergencia climática». Y en el marco de esa nueva ley estatal se reconocerá «el régimen especial» de los territorios insulares por su «especial fragilidad» que permitirá que Baleares pueda empezar a vetar los motores de combustión a partir de la próxima década.
La patronal Anfac ha aplaudido este martes el acuerdo alcanzado entre las dos Administraciones. Y ha sostenido que «debe contribuir a eliminar la incertidumbre provocada entre los consumidores por esta prohibición taxativa en las islas, que está afectando negativamente a las ventas».
Fuente: MANUEL PLANELLES / EL PAÍS,
Artículo de referencia: https://elpais.com/sociedad/2019/11/19/actualidad/1574164204_374636.html,
