Este anuncio de Pekín, que se produce a una semana de que se celebre una cumbre bilateral UE-China, podría conllevar que las aerolíneas chinas sean multadas o no se les permita usar los aeropuertos europeos.
El Ejecutivo chino ha esgrimido que las compañías aéreas que quieran acatar las directrices de la UE deberán obtener antes la aprobación de Pekín, que ha denunciado este plan por ser un arancel infundado.
"China espera que Europa actúe en virtud de asuntos más generales a la hora de responder al cambio climático mundial, del desarrollo sostenible de la aviación internacional y de los vínculos entre Europa y China, del fortalecimiento de la comunicación y de la coordinación para hallar la solución correcta y apropiada para ambas partes", ha afirmado una fuente anónima de la autoridad de la aviación civil china citada por la agencia estatal de noticias Xinhua.
Esta misma fuente, además, ha advertido de las posibles consecuencias que pueda acarrear este plan promulgado por la UE, puesto que "China también considerará tomar las medidas necesarias para proteger los intereses públicos chinos y de los negocios".
Sanciones respaldadas
De acuerdo con la legislación europea, desde el pasado 1 de enero, todas las aerolíneas que utilicen los aeródromos europeos serán gravadas con un impuesto contenido en el Plan de Emisiones por el Comercio.
Las sanciones rondan los 100 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida para aquellas compañías aéreas que no quieran hacer frente a dicho impuesto. En caso de una reiterada desobediencia de la norma, la UE tiene la potestad de prohibir que tales aerolíneas operen en los aeropuertos europeos.
Esta normativa goza del beneplácito del Tribunal Europeo de Justicia, que denegó una apelación interpuesta por un grupo de compañías aéreas estadounidenses.
Asimismo, la Asociación de Transporte Aéreo de China ha instado a las aerolíneas chinas a no respetar tal normativa, alegando que les costará 800 millones de yuanes anuales (96,7 millones de euros) durante el primer año, un importe que se triplicará para 2020 (hasta unos 290 millones de euros), de acuerdo con este organismo.
