La industria básica constituye uno de los motores de la economía española, tiene un efecto multiplicador de la riqueza y genera más empleo estable, cualificado y de calidad que el sector terciario.
Pero su competitividad tiene que afrontar el elevado coste de la electricidad, especialmente en aquellas empresas con un gran consumo de energía eléctrica (electrointensivas).
Los Estados miembros de la Unión Europea, con los que España compite, están aplicando medidas que protegen la competitividad de sus industrias actuando sobre los factores que intervienen en el precio de la electricidad que pagan las empresas. Y España tiene que hacer lo mismo.
Para ello es necesario concretar el Estatuto de Consumidores Electrointensivos previsto por el Gobierno español en el Real Decreto Ley 20/2018 de medidas urgentes para mejorar la competitividad.
El Real Decreto se daba un plazo de seis meses para elaborar el Estatuto y ya se ha completado una consulta pública para definir las condiciones que deben cumplir dichos consumidores.
Energía eléctrica
¿Cómo se debe actuar para que el precio de la energía eléctrica no dañe la competitividad industrial? Pues, por una parte, convirtiendo en definitiva la supresión temporal del 7% del impuesto a la producción y, por otra, aumentando las compensaciones indirectas por el CO2 que están reconocidas en los Presupuestos.
Los derechos de emisiones de CO2 son el precio que deben pagar las industrias contaminantes por liberar dióxido de carbono en la atmósfera. El objetivo de estos derechos de emisión es acelerar la transición desde las tecnologías actuales de producción eléctrica a otras menos contaminantes.
Las industrias pueden comprar estos derechos en las subastas que organizan los Estados. El precio del CO2 repercute en el precio de las ofertas de electricidad generada por las centrales térmicas, y cuando marcan el precio marginal del mercado eléctrico elevan el precio de la luz.
Los ingresos de las mencionadas subastas de derechos están directamente relacionados con el precio en el mercado de los derechos de CO2; cuando este último sube, los ingresos que recauda el Estado suben en la misma medida.
Los aumentos de precio registrados en el mercado de derechos de CO2 han elevado el importe de las subastas de derechos hasta más de 1.100 millones de euros. Según la directiva europea, se pueden otorgar ayudas de hasta el 25%.
Así, en el caso de España, el montante actual de las ayudas podría ascender a 275 millones, una cantidad muy superior a las cifras consignadas para estos fines en los PGE. La cuestión es por qué no se llega al límite legal de las ayudas y se alivia la presión del coste de la energía eléctrica sobre el precio final de los productos españoles.
Fuente: ALBERTO CARBAJO / EL PAÍS,
Artículo de referencia: https://elpais.com/economia/2019/03/07/actualidad/1551957191_382371.html,
