La nueva legislación busca mejorar la salud y la protección del medio ambiente reduciendo las emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Algunas instalaciones de combustión tendrán de plazo hasta 2020 para adaptarse a la normativa, que se aplicará a más de 50.000 plantas en toda la UE.
La directiva sobre emisiones industriales tiene como objetivo mejorar la salud y la protección del medio ambiente, al tiempo que garantiza normas más claras para la industria. La nueva legislación actualiza e integra en un solo texto siete directivas comunitarias, incluida la de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y la relativa a las grandes instalaciones de combustión.
Las nuevas normas se aplicarán a cerca de 52.000 instalaciones industriales y agrícolas con un elevado potencial de contaminación, desde las refinerías a las explotaciones porcinas.
El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo con el Consejo por 639 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones. La ponente ha sido el diputado liberal alemán Holger Krahmer.
Plazos flexibles para algunas instalaciones
Las partículas, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre pueden ser especialmente perjudiciales para la salud y el medio ambiente. La nueva norma introduce límites más estrictos para estas emisiones a partir de 2016. El acuerdo establece que los Estados miembros podrán aplicar planes transitorios nacionales para ampliar el plazo para las instalaciones de combustión (incluyendo las de combustibles fósiles) hasta julio de 2020.
Algunas plantas antiguas no tendrán que cumplir los nuevos objetivos, con la condición de que cierren antes de finalizar 2023 o no funcionen más de 17.500 horas a partir de 2016. Las nuevas instalaciones tendrán hasta 2012 para cumplir las nuevas normas.
Para obtener un permiso, las instalaciones cubiertas por las normas IPPC tendrán que aplicar las mejores técnicas disponibles para mejorar su eficiencia y reducir las emisiones al aire, al agua y al suelo. La contaminación sonora y la seguridad también serán tomadas en consideración.
Los Estados miembros podrán flexibilizar estas exigencias, siempre y cuando se cumplan unos criterios estrictos de protección medioambiental. En estos casos, a iniciativa de los eurodiputados, los países tendrán que probar que los costes serían desproporcionados en relación con el beneficio medioambiental, debido a razones técnicas o a la ubicación geográfica de la instalación.
Las autoridades competentes documentarán las condiciones del permiso, así como el resultado de la evaluación y la justificación de los requisitos impuestos. Y el Consejo tendrá que dar su visto bueno formal a la directiva. A partir de entonces, los Estados miembros tendrán que adoptar las disposiciones legislativas necesarias para su cumplimiento.
