Con el desarrollo de estas auditorías, la Consellería de Economía e Industria reitera su compromiso con los ayuntamientos gallegos, facilitando la reducción de los consumos energéticos. En este sentido, hace falta destacar que más de la mitad de la energía que se consume en un municipio corresponde a la iluminación pública, apartado que supone el 70% del desembolso económico en energía.
En los estudios realizados se analizaron cerca de 3.000 instalaciones, con un consumo conjunto de más de 26.600 MWh/año, que supone un coste económico aproximado de 3 millones de euros. De manera que en caso de que se llevaran a cabo las medidas de ahorro y eficiencia idóneas, que pasan por el relevo de puntos de luz por otros más eficientes, se conseguiría un ahorro energético de más de 9.600 MWh/año, lo que supondría una reducción de los costes de cerca de 1,4 millones de euros. Estas cifras permitirían, además, evitar la emisión a la atmósfera de 3.335 toneladas de CO2 cada año.
Por otra parte, la realización de las medidas propuestas en estas auditorías lleva también asociadas importantes ventajas ambientales como la merma de la contaminación lumínica que sufren los ayuntamientos o la reducción de productos contaminantes como el mercurio.
De este modo, el departamento que dirige Javier Guerra prosigue su apuesta a favor de las Administraciones locales, con el objetivo de que los ciudadanos puedan beneficiarse de las ventajas del ahorro y la eficiencia. En esta estrategia, la Xunta también incluye líneas de acción como el apoyo a las reformas promovidas en iluminación pública o el servicio de asesoría energética para ayuntamientos, puesto en marcha recién por el Inega, que facilita la toma de decisiones relacionadas con el consumo eléctrico, resolviendo las distintas dudas en campos como la contratación de la electricidad en el mercado libre, los precios a pagar por la energía o la modernización del mantenimiento.
