Se trata del efecto más inmediato de la medida incluida en la Ley 24/2013 que establece que las liquidaciones de la retribución regulada estarán supeditadas a la disponibilidad de fondos, de modo que no aumente el déficit de tarifa. Acogiéndose a la norma, en enero la CNMC no hará frente al 100% del pago de la liquidación de las primas y complementos regulados correspondientes. Es decir, que los parques eólicos se enfrentan a un coste añadido,se les paga una cuarta parte de lo que les corresponde, por tener que cubrir unos desajustes de los que no son responsables.
Para evitar este tipo de situaciones y el grave perjuicio que les provoca a las empresas, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) propone que se haga una transferencia programada, sistemática y ágil de los fondos procedentes de la recaudación del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y las subastas de derechos de CO2, previstos en la Ley 15/2012, a la CNMC.
Si esta transferencia de fondos, obligada por ley aunque no sistematizada, no fuese suficiente para resolver este grave problema de liquidez, debería ser el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el que financiase este desajuste temporal anticipando los fondos, y no las empresas.
Además, no hay que olvidar que se trata de un pago a cuenta: al igual que todas las retribuciones percibidas desde que en julio de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 9/2013, se trata de pagos provisionales, el 37% de las instalaciones tendrán que devolver todos los incentivos percibidos en el periodo por tratarse de una norma retroactiva, pendientes de la aprobación de la Orden Ministerial de Parámetros y el Real Decreto de renovables.
Es decir, que las empresas eólicas no saben aún ni lo que van a conservar de los pagos percibidos en los últimos seis meses de 2013, ni la retribución que van a percibir en 2014. De hecho, tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como las diferentes compañías han solicitado reiteradamente información al Ministerio de Industria para poder estimar el impacto de este nuevo recorte de ingresos y poder así planificar su liquidez y evitar tensiones adicionales de tesorería, pero no han sido escuchadas.
Por lo tanto, el sector se enfrenta a una situación insostenible que aumenta los problemas de tesorería, el riesgo de impagos y de que las instalaciones deban acometer refinanciaciones por la falta de ingresos.
A la vista de las diferentes normas que afectan a la eólica tanto antes como a raíz de la Reforma Energética, da la impresión de que el regulador no está sumando el impacto de la acumulación de medidas en las cuentas del sector. El eólico es el sector más perjudicado por la Reforma y no sólo porque le corresponde hacer frente a más de la mitad del recorte esperado por el Gobierno con las reducciones a los incentivos del antiguo Régimen Especial, sino por la acumulación de normas que le afectan directa o indirectamente como la eliminación del complemento por energía reactiva; la posible obligación de financiar una parte de los pagos por capacidad y mecanismos de hibernación; la asunción de una parte del coste del innecesario servicio de interrumpibilidad, así como de los desvíos del déficit de tarifa si estos se producen.
Se trata de un impacto desproporcionado, ya que la eólica supone tan sólo el 11,4% de los costes regulados del sistema, además de ser la primera fuente de electricidad de España, haber cumplido escrupulosamente los objetivos del regulador y bajar el precio del mercado eléctrico.
Con esta normativa, el Ejecutivo está penalizando tanto a las instalaciones más eficientes por haber logrado mejores resultados a lo largo del tiempo, como a las más antiguas e innovadoras, las que en su día se construyeron cuando la eólica era un sector de riesgo. Y aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantilla.
