La producción de carburantes de origen vegetal en España sigue realizándose mayoritariamente con materias agroalimentarias importadas, con los impactos negativos que eso supone para terceros países.
Así se concluye en un nuevo estudio titulado “Biocarburantes, ¿A qué coste? Una revisión de los costes y beneficios de las políticas españolas de biocarburantes ”. Carece de sentido seguir apoyando esa producción con políticas y recursos públicos, como subraya Ecologistas en Acción a dos días de una votación decisiva en el Parlamento Europeo.
“Pagamos demasiado por casi nada”
El informe, realizado por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, toma 2011 como base de estudio para evaluar los costes y beneficios derivados de las políticas actuales en la materia. Ese año la industria española de agrocombustibles recibió entre 1168 y 1239 millones de euros en forma de de objetivos de consumo obligatorio y exenciones fiscales. Los primeros tienen un efecto al alza sobre los precios de los agrocombustibles en la Unión Europea (cuando se comparan con los precios medios en los mercados internacionales), que pagan los y las conductoras. Las exenciones fiscales, en cambio, suponen una pérdida de recaudación para las finanzas públicas, que pagan todos los y las ciudadanas en tiempos de recortes asfixiantes en el gasto social o ambiental. Esta cifra, al ser comparada con la contribución del sector al PIB de 426 millones de euros (según datos de la propia industria, APPA), lleva a la organización ecologista a concluir que desde un análisis económico convencional, se trata de un mal uso de los recursos públicos.
Más importante aún es que ninguno de los tres objetivos por los que la Unión Europea decidió impulsar el consumo de agrocombustibles se está cumpliendo: ni reducción de emisiones GEI, ni una mayor seguridad energética, ni oportunidades de empleo y desarrollo rural. Y es que el biodiesel supuso en 2011 más de cuatro quintas partes del mercado total de agrocombustibles, acaparando la mayor parte de las ayudas. El beneficio en la economía rural española es casi inexistente si se tiene en cuenta que ese biodiesel se fabricó en más de un 95% a partir de materias primas importadas: soja argentina y palma de Indonesia. Además ambos casos presentan unas emisiones indirectas de GEI que anulan cualquier hipotético ahorro de emisiones atribuido a los agrocombustibles. De hecho, el estudio estima que, lejos de reducir las emisiones GEI, al considerar las emisiones generadas por los cambios indirectos de uso del suelo (ILUC), los agrocombustibles consumidos en el Estado español supusieron un incremento de 6,5 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en 2011.
“Cuando conocemos datos sobre el retorno a la sociedad española, la conclusión es clara: pagamos demasiado por casi nada, y no tiene ningún sentido seguir apoyando con políticas y recursos públicos estos productos», explica Abel Esteban, portavoz de Ecologistas en Acción. El efecto en otras sociedades es más grave todavía. “La actual producción y consumo de agrocombustibles está vinculada a importantes impactos socioambientales en los lugares de cultivo de sus materias primas, como deforestación, acaparamiento de tierras y expulsión de comunidades campesinas, competencia con la alimentación (que afecta principalmente a las capas sociales más humildes) o fomento de monocultivos industriales”, apunta Esteban.
