La publicación de los estándares retributivos materializa el durísimo recorte que se aplica a las diferentes tecnologías renovables y está en línea con las previsiones de la orden de peajes, que cifraba en 1.750 millones de euros el total del ajuste.
A falta de un análisis detallado de cómo afectará a las diferentes tecnologías, la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA valora que la cifra podría superar los 2.000 millones de euros. Lo que en principio y en palabras del Ministro sería un ajuste de 1.350 millones para todo el régimen especial se ha incrementado hasta cuadrar, con los recortes a las renovables, el déficit de tarifa correspondiente a 2013, 2014 y años sucesivos.
El Gobierno, al partir del diagnostico equivocado de identificar déficit de tarifa con energías renovables, sólo actúa sobre la retribución de éstas y mantiene intactos privilegios de las eléctricas tradicionales, como son los pagos por capacidad y las elevadas retribuciones al transporte y la distribución, algo incomprensible en la actual situación económica.
Con anterioridad, la publicación de la propuesta de orden de peajes del Ministerio de Industria incluye asimismo medidas retroactivas y fuertes reducciones de la retribución a las energías renovables, mientras prevé incrementar o mantener invariables el resto de costes regulados.
“Es discriminatorio que el Gobierno sólo aplique medidas de ajuste al sector de las energías renovables para cuadrar las cifras del sector eléctrico y siga sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la propia CNE”, ha manifestado el presidente de la Asociación, José Miguel Villarig.
Para APPA, las renovables siguen siendo las grandes damnificadas de una reforma, que supondrá la ruina de muchas empresas y particulares. La Asociación expresa una vez más su oposición a que se aplique una mal llamada rentabilidad razonable a las instalaciones renovables en base a la capacidad instalada y desde el momento de su puesta en marcha y no se retribuya por la energía que aportan.
Según el presidente de APPA, “¿por qué no se aplica esa misma rentabilidad y en las mismas condiciones a centrales de régimen ordinario que ya están más que amortizadas? Es incomprensible que el Gobierno se ensañe con un sector que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España”.
Según APPA, la aplicación de esta normativa retroactiva quiebra la seguridad jurídica y al final, sea o no legal, es injusta porque no trata de forma equitativa a todos los actores del sector eléctrico.
