El trámite del Senado sirvió para que el PP introdujera varios cambios en la norma, entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.
En el debate en el Pleno del Congreso de este jueves, la oposición ha lamentado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de hacer una reforma profunda del sistema energético español y que sólo se busque recaudar para hacer frente al déficit tarifario que, no obstante, pronostican no se atajará.
Finalmente, el voto contrario de los “populares” ha excluido de la normativa las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuo radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, así como la que precisaba la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos gravámenes energéticos con los gobiernos vasco y navarro.