Parque Eolico Chiloe
En una polémica sesión en Puerto Montt, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Los Lagos decidió aprobar el estudio de impacto ambiental de la empresa Ecopower S.A.C. acerca del Parque Eólico Chiloé que se instalaría en la costa oeste de la comuna de Ancud, específicamente en Mar Brava.
Agrupaciones opositoras a la iniciativa energética por 250 millones de dólares de inversión anunciaron que interpondrán recursos jurídicos que frenen la ejecución del proyecto.
Casi 3 horas duró la votación en que todas las preferencias de las autoridades regionales convocadas fueron a favor de la aprobación de la iniciativa, a excepción del abogado Enrique Cárdenas, seremi de Transporte, quien se inhabilitó por haber representado jurídicamente a una comunidad indígena contraria a la iniciativa antes de ser personero de Gobierno.
De los organismos públicos implicados en esta instancia, el seremi de Medio Ambiente, Jorge Pasminio, detalló que se trató de “las secretarías regionales ministeriales de Salud, Agricultura, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Comunicaciones, Obras Públicas, Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación ambiental (SEA), el Gobierno Regional, representado por el intendente regional, y dos servicios más”.
El momento más álgido, sin duda, fue la lectura de la aprobación por parte de la comisión evaluadora. Leonardo de la Prida, representante del Ejecutivo de Los Lagos, señaló que “hay proyectos que generan impacto, pero se han tomado las medidas de mitigación, reparación y compensación, por duras que sean estas, que además el titular se hizo cargo de las adendas respectivas. Este intendente regional también da su voto favorable al proyecto”.
CUESTIONAMIENTOS
Justamente tales acciones de la empresa hacia la comunidad fueron uno de los puntos más criticados por los opositores al proyecto presentes en sala, quienes incluso tiraron monedas al jefe regional al cierre de la cita y no descartan ir a la justicia.
“Se sabe que hay daños y se sabe también que deberían haber medidas de mitigación, pero lo que no entendemos es por qué las medidas de mitigación son solamente anunciadas y yo no sé si las comunidades y todas la gente que estaba ahí las habían aceptado, porque a lo menos nosotros consideramos que eso no es así”, arguyó Gisela Saldivia, vecina de Mar Brava y una de las activistas más visibles de la oposición a la iniciativa de energía renovable.
La dirigenta recalcó que “estas son medidas de parche, porque el daño es irreparable e irreversible, por lo tanto, esas medidas de mitigación no sirven de nada. Hacer monitoreo de aves y de fauna después de dos años de funcionamiento del proyecto no van a servir mucho, más bien, deberían haberse detenido un poco en el principio precautorio de la Ley de Medio Ambiente, que dice que si no se sabe si va a afectar o no hay que abstenerse de ejecutar una obra de esa envergadura, pero parece que los seremis y el intendente no están considerando esa parte de la legislación ambiental”.
Por su parte, Juan Carlos Viveros, representante del movimiento Defendamos Chiloé, advirtió que “estamos a favor de la energía eólica, pero en contra de la ubicación de las torres porque, por ejemplo, en los países desarrollados, donde hay patrimonio turístico, paisajístico o cultural, se prohíbe la instalación de torres eólicas por el daño patrimonial que se genera”, además de reclamar que “estas medidas de mitigación y reparación no se les presentaron a la comunidad, sino que a los servicios públicos”.
El mismo acotó que “ellos presentaron una serie de rutas turísticas, de caminatas, de protección de sitios arqueológicos, o sea, de compensación, porque esto no se puede mitigar, que es cuando se disminuye el efecto negativo. Pero ¿qué pasa si la comunidad no acepta las medidas de compensación que la ley dice que solo deben ser presentadas a los servicios?”.
A su vez, reconociendo que antes apoyaba la iniciativa, la ambientalista Carmen Corrales cuestionó que “la ubicación es muy desafortunada, donde afectan a las aves y han encontrado restos arqueológicos y un Monumento Natural (Islotes de Puñihuil)”.
Este proyecto consiste en el montaje y operación de un parque de 42 aerogeneradores de 2,4 megawatts, con una potencia total de 100,8 MW y una línea de transmisión de 220 kV de simple circuito de una longitud de 28,1 kilómetros y una faja de servidumbre de 40 metros de ancho. J
“Este intendente regional también da su voto favorable al proyecto”, Leonardo de la Prida, intendente de Los Lagos.
“Lo malo es que ellos eligieron el lugar sin saber lo que había y luego se empecinaron en mantenerlo”, dijo, reconociendo que “en este caso, el proceso participativo fue muy irregular y al estilo político y empresarial que ya no queremos. Yo antes estaba de acuerdo porque se trataba de energía eólica en general”. Carmen Corrales, Activista ecologista.
“No se consideraron trabajos de organizaciones sociales de por lo menos cuatro años, donde incluso Cecpan le presentó a la empresa la posibilidad de cambiar la posición de las torres y no fueron considerados, y recalcamos que estamos a favor de este energía, pero en contra de la ubicación de las torres”, expuso. Juan Carlos Viveros, Dirigente del movimiento Defendamos Chiloé.
“Hay una falta de consecuencia del intendente y de los seremis, con el mandato de la Presidenta Bachelet, que llama a trabajar y enfrentar estos proyectos energéticos con respeto con el medio ambiente y las comunidades, considerando siempre el desarrollo local por sobre el de las empresas”, criticó. Gisela Saldivia, Dirigenta del movimiento Defendamos Mar Brava
“Lo positivo es que como es un proyecto con una larga historia se dejó muy claro que todos los aspectos ambientales fueron sumamente estudiados y analizados por cada servicio público y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de manifestar por qué habían votado a favor del proyecto”, aseveró. Víctor Flores, Abogado del inversor Ecopower S.A.C.
“Estas son medidas de parche, porque el daño es irreparable e irreversible”. Gisela Saldivia, Líder de Defendamos Mar Brava.
“¿Qué pasa si la comunidad no acepta las medidas de compensación, que la ley dice que solamente deben ser presentadas a los servicios?”. Juan Carlos Viveros, Integrante de Defendamos Chiloé.
