"Este documento va camino de los tribunales, y allí nos tememos que van a encontrar contundente respuesta debido a que hay mucha vulneración de legalidad, aunque eso tendrán que decirlo los tribunales en un estado de derecho", dijo el vicepresidente y consejero regional de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, durante la presentación del informe del Ejecutivo sobre el E.I.A.
Insistió aquí en que el Gobierno canario ha detectado "graves incumplimientos de la normativa vigente", por lo que lo lógico sería que, en última instancia, se llegue a los tribunales por entender que existe causa de nulidad de pleno derecho.
En los mismos términos se manifestó el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien aseguró que aún quedan dos opciones para que el Ejecutivo central "haga las cosas bien" ante las evidencias de las "deficiencias" del informe.
"El procedimiento a partir de ahora es que el propio Ministerio de Industria tiene que contestar cada una de las más de 10.000 alegaciones presentadas y una vez contestadas argumentando por qué o por qué no las asume, las traslada al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, todavía tenemos dos oportunidades para que se hagan las cosas bien", comentó.
Agregó que una vez que estas opciones no se hagan sería cuando se podría recurrir el E.I.A. a los tribunales, ya que en opinión del Gobierno canario, el informe y las consecuencias que de él se deducen, "serían ilegales".
El estudio no recoge los datos necesarios para una correcta evaluación
Por su parte, el Gobierno de Canarias explicó que en las alegaciones presentadas contra el E.I.A. que el estudio no recoge, ni en su forma, ni en su fondo, los datos necesarios para una correcta evaluación.
Así, el vicepresidente regional afirmó que el informe carece del contenido mínimo exigido por la legislación vigente en dicha materia y señaló que la documentación de Repsol presenta carencias, contradicciones y ambigüedades "que lo convierten en un informe inútil para su finalidad y lo relegan a una mera guía de evaluación de prospecciones petrolíferas, pero no a un estudio de impacto ambiental".
Para la Administración autonómica, el documento es generalista y presenta un grado de indefinición que no resulta propio de una herramienta de prevención como debe ser este tipo de estudio, ya que no determina de manera precisa, ni completa los impactos que puede producir la actividad a realizar.
Carencias fruto de la precipitación
"Estas carencias son resultado de la precipitación con la que ha actuado la petrolera en su afán por obtener el permiso para realizar los sondeos y la posible explotación lo antes posible, con lo que ha incurrido en invalidez y nulidad del documento, aspecto que el Gobierno canario espera sea tomado en consideración por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ser subsanado", informó el Gobierno canario.
En este sentido, Pérez explicó que Repsol deja fuera del estudio importantes riesgos ambientales como la afección a las costas canarias y a sus ecosistemas naturales o la repercusión de la actividad en la desalación del agua.
Tampoco analiza la posibilidad de que se incrementen los movimientos tectónicos y seísmos en la zona por la actividad producida, ni la interacción que este aspecto pueda tener con los sismos frecuentes en el archipiélago, propios de su origen volcánico, mientras apuntó que las repercusiones de los sondeos en aspectos socioeconómicos fundamentales para Canarias como el turismo, los cultivos marinos o la pesca tampoco se plasman en el informe.
Añadió que las sinergias de la actividad con los proyectos y sondeos que se llevan a cabo en aguas adyacentes son obviadas por la petrolera, al igual que ocurre con los riesgos ambientales sobre las Reservas de la Biosfera y las áreas clave marítimas.
Canarias cuenta con áreas clave marítimas, que tampoco son consideradas, en cuanto a posibles afecciones, en el documento. Así, no se analizan los posibles riesgos en zonas especialmente sensibles para España y la Unión Europea, e, incluso, para la Organización Marítima Internacional (OMI), y, concretamente, sobre la Red Natura 2000 en áreas marítimas y su probable ampliación en la Demarcación Canaria, la posible declaración de áreas marinas protegidas en la zona como consecuencia de la implementación de la Estrategia Marina de España en sus aguas de soberanía y la Zona Marítima de Especial Sensibilidad de Canarias declarada por la OMI.
Por último, Pérez destacó el "escaso" interés de Repsol por llevar a cabo un análisis de la aceptación o rechazo del proyecto en la población, aspecto exigido en la legislación vigente en esta materia.
