Desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica se afirma que este esfuerzo es “en absoluto razonable ni compensado, teniendo en cuenta que al régimen ordinario (generación con gas, gran hidráulica, nuclear, etc.) se le ha efectuado un recorte de apenas el 3% de sus ingresos”.
Las declaraciones del ministro Sebastián en las que señalaba que el recorte a la fotovoltaica era “compensado y razonable”, debido a que “solamente el sector fotovoltaico no había hecho ningún esfuerzo” parecen olvidar que las medidas han significado para éste el mayor esfuerzo de todas las tecnologías de generación eléctrica.
Estas declaraciones han sido realizadas durante la última sesión de control al Gobierno en el Senado, ante una pregunta de la senadora del Partido Popular, María Rosa Vindel. El sector fotovoltaico agradece el interés mostrado por la senadora Vindel, en particular, y del grupo Popular, en general, acerca de la difícil situación de la fotovoltaica en España.
Recorte del 26% frente al 3%
Mientras que a sectores tradicionales, como la generación con carbón o gas, las centrales nucleares o la gran hidráulica, se les pide un esfuerzo equivalente al 3% de sus ingresos, los recortes a la fotovoltaica alcanzan el 26% de los ingresos. El titular de Industria, Turismo y Comercio muestra una evidente desconsideración hacia las consecuencias de las decisiones de su departamento, que han provocado, en el ámbito de la actual crisis socio-económica, que multitud de empresas e inversores particulares se enfrenten a situaciones dramáticas al ver recortados sus ingresos sustancialmente.
Además, el sector fotovoltaico se encuentra hoy inmerso, como consecuencia de la política sin fundamento legal y de manifiesta inseguridad jurídica, en riesgo de caos judicial, poniendo aún más en peligro la imagen de estabilidad regulatoria de nuestro país y contribuyendo de un modo relevante al bloqueo de la Justicia, como consecuencia de los cientos de miles de recursos que los productores se verán obligados a interponer en los meses venideros.
Por otra parte, el Ministerio tampoco ha escuchado las peticiones del sector para que se amplíen los plazos de ejecución de los cambios técnicos impuestos arbitrariamente con el Real Decreto 1565/2010, con lo que obliga a una situación de incumplimiento y de mayor inseguridad para los productores.
Ahorro real de 3.000 millones en los próximos tres años
Todo ello cuando sólo el sector fotovoltaico carga con el 48% de todo el esfuerzo de restricciones económicas exigido al sector eléctrico en el Real Decreto-Ley 14/2010 durante los próximos tres años: 2.220 millones de recortes retroactivos a las plantas fotovoltaicas, frente a un total de 4.613 millones.
Estos números, por otro lado, son realmente superiores, puesto que se deben incluir los más de 600 millones de ahorro que, también para los próximos tres años, produce la súbita y brutal reducción extraordinaria de tarifas de hasta el 45% que estableció el Real Decreto 1565/2010. En conjunto, el ahorro que el Ministerio obtendrá de la fotovoltaica casi llega a 3.000 millones en los próximos tres años.
El recorte retroactivo, contrario a las condiciones que en su día fijo el propio Gobierno mediante el BOE, quebrantará la viabilidad de gran parte de las 53.000 instalaciones fotovoltaicas, muchas de ellas en manos de particulares que decidieron invertir sus ahorros con la garantía del BOE y ven hoy como no pueden hacer frente a los pagos debido al recorte abrupto de sus ingresos.
Una ley investigada por Bruselas
Desde septiembre de 2008 el Gobierno ha sacado adelante tres leyes distintas para tratar de frenar la tecnología fotovoltaica, algo que no se corresponde con su discurso público ni con la tendencia internacional donde esta tecnología lleva cuatro años creciendo a un ritmo del 80% anual. El culmen de estos intentos de acabar con el sector fotovoltaico nacional llegó con el RD-L 14/2010, que modificaba la retribución de las plantas ya instaladas, medida que fue calificada de “retroactiva” e “inaceptable” por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. Esta ley ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional, por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, y está siendo actualmente investigada por la Comisión Europea.
