El reciente reconocimiento del secretario de estado de energía de que se han cometido abusos en el recibo de la luz no hace sino dar la razón a una ciudadanía que no deja de reclamar transparencia en el sector eléctrico.
El miércoles, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó ante la fiscalía especial contra la corrupción un escrito de ampliación de la denuncia presentada un mes antes en la que se instaba a ésta a investigar los posibles delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias por parte de expolíticos contratados con relevantes retribuciones en los órganos de administración y dirección de las empresas eléctricas.
En esta ocasión, se amplía el ámbito de los posibles delitos a la malversación de caudales públicos en la medida en que la Administración ha permitido la prescripción de cerca de 3.400 millones de euros cobrados en exceso por parte de las grandes compañías eléctricas.
Los hechos se remontan al año 1997, cuando eléctricas y Gobierno pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia o CTCs, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.
La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico -en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas ostentan un notorio poder de mercado- permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto.
El procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar, según las últimas informaciones aparecidas en la prensa, a que haya prescrito la posibilidad de pretender la devolución.
La cuantía no es baladí: cerca de 3.400 millones de euros según datos de la propia Comisión Nacional de Energía publicados en 2008 y que atribuían el siguiente reparto: Endesa: 1.562 M?; Iberdrola: 1.159 M?; E.On: 432 M?; Gas Natural Fenosa: 276 M? y EdP: 155 M?.
Divididos entre los 46,7 millones de habitantes en España, resultan unos escandalosos 73 ? por habitante que la Administración "se ha olvidado" de reclamar a pesar de los reiterados recordatorios de la CNE. Algo que la Plataforma considera escandaloso y completamente inaceptable.
Por todo ello, su asamblea ha decidido por unanimidad ampliar la denuncia ante la fiscalía anticorrupción que ya ha sido secundada por cerca de 140.000 personas.
La sorpresa e indignación de la Plataforma se ha acrecentado esta semana cuando el secretario de estado de energía, en declaraciones realizadas en una jornada organizada por FAES, ha denunciado "abusos" que condujeron a anteriores gobiernos a "meter todo en el recibo" y aprobar partidas "sin ningún tipo de control", aprovechando una ley "suficientemente amplia y ambigua". Sorprendentemente el secretario detalla con precisión los errores cometidos en la planificación de algunas tecnologías renovables; pero no dice ni una palabra de la prescripción de una cantidad que, por sí sola, hubiera evitado gran parte de las medidas retroactivas impulsadas por este Gobierno y el anterior contra las tecnologías renovables, acusadas injustamente de ser responsables de un déficit de la tarifa eléctrica cuyas verdaderas causas se ocultan deliberadamente a la ciudadanía.
