Ecologistas en Acción opina que, frente a aspectos positivos del nuevo Real Decreto (RD), como un mecanismo de evolución de tarifas acorde con la evolución tecnológica o la promoción de instalaciones sobre edificios, la gran limitación de la potencia a instalar, y la drástica bajada de tarifas no parecen ayudar a la promoción de este tipo de energía.
La nueva legislación supone una bajada drástica de las tarifas de la fotovoltaica, al mismo tiempo que limita la potencia de las instalaciones que se podrán acoger a la tarifa regulada. Las bajadas oscilan entre un 25% y un 30%, según el tipo de instalación. Desde Ecologistas en Acción, pensamos que las nuevas tarifas podrían ser insuficientes para promover durante los próximos años el desarrollo de esta fuente de energía al ritmo actual.
La tarifa para pequeñas instalaciones sobre edificios parece claramente insuficiente. Una tarifa mayor para este tipo de instalaciones no supondría una gran repercusión en el sistema tarifario. Habría significado, en cambio, una apuesta clara por la generación distribuida.
El RD pretende promover las instalaciones en edificios para reducir la ocupación del territorio. Sin embargo, los mecanismos de traspaso de potencia y la evolución del mercado en los últimos años hace pronosticar que gran parte de esta potencia acabe engrosando el cupo para suelo, con lo que el pretendido objetivo puede desvanecerse ante nuestros ojos.
Algunos de los aspectos positivos son la pretensión de evitar la especulación mediante la redefinición de la potencia de las instalaciones, la evolución de las tarifas con la madurez tecnológica y la eliminación o reducción de la tarifa regulada para grandes infraestructuras.
Por otro lado, la gran restricción de este RD son los cupos máximos de potencia, claramente por debajo de la capacidad actual y futura de producción e instalación, que va a suponer una disminución importante en el ritmo de instalación de los últimos tiempos.
La adecuación de las tarifas a la evolución del mercado se podría haber realizado de una forma más flexible, fijando límites para el cálculo de las nuevas tarifas que no fueran restrictivos en cuanto a la potencia instalada, y mediante un sistema más ágil de convocatorias. De esta forma, la adecuación de tarifas se podría realizar de forma más rápida, y no habría grandes limitaciones a la potencia instalada.
El principal objetivo perseguido por el Gobierno no parece ser tanto la promoción de un tipo de energía limpio, sino el control del déficit tarifario del sistema eléctrico español y la competitividad empresarial. La reducción en las tarifas de la fotovoltaica, sin embargo, no soluciona el gran problema del déficit, que deberá abordarse inevitablemente por otros medios.
