Esta medida resulta negativa por varios motivos: supondrá un mayor gasto de combustible, aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero y las de otros gases contaminantes que perjudican nuestra salud, e incrementará la siniestralidad. El proyecto de ley contiene otras medidas razonables y positivas, como la moderación de la velocidad en otras vías.
Aumentando la velocidad a 130 km/h se despilfarraría aún más petróleo, puesto que la máxima eficiencia energética de los automóviles se encuentra en torno a los 90 km/h. El transporte es una de las actividades más derrochadoras de energía y de mayor impacto ambiental. Consume el 40% de la energía, de la que un 85% corresponde a la carretera. Conviene recordar que en 2012 se gastaron nada menos que 33.847 millones de euros en importaciones de petróleo del exterior, una tremenda factura que pesa como una losa sobre la balanza de pagos del país.
Al tiempo que se incrementa el consumo de petróleo, crecen también las emisiones de gases causantes del cambio climático, haciendo más difícil el cumplimiento de compromisos de reducción de emisiones. En el Estado español el transporte es el sector económico que más contribuye al cambio climático: más de una cuarta parte del total de las emisiones son imputables al desplazamiento de personas y mercancías.
Por otro lado, junto al dióxido de carbono, de los tubos de escape salen gases y partículas que perjudican a la salud, y que se incrementarán también con el aumento de velocidad. Lo mismo ocurrirá con el ruido.
Y, por último, el incremento de la velocidad puede aumentar la siniestralidad, ya que los accidentes son proporcionales en número y magnitud a la velocidad de circulación. Ahí está, por ejemplo, el caso de Dinamarca, donde, tras elevar la velocidad de 120 a 130 km/h en 2004, en solo un año aumentó el número de fallecidos por accidente en un 20%.
En este mismo sentido, la experiencia demuestra que en las vías contiguas a aquellas donde se permite una mayor velocidad, también aumenta la velocidad de circulación por un “efecto contagio”, trasladando los problemas a otros lugares más allá de las autovías.
Por otro lado, Ecologistas en Acción es contraria a la obligatoriedad del casco para los ciclistas en ciudad. Se trata de una medida que no se incluye en el proyecto de Ley que se aprueba hoy, pero que está en debate en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. Para la organización ecologista, esta obligatoriedad haría que se redujera el uso de la bicicleta en la ciudad, y es precisamente el incremento de su utilización lo que hace que se respete más a los ciclistas y sea más segura la circulación en bicicleta, al tiempo que se reduce la contaminación, el ruido y otros problemas asociados al tráfico de vehículos a motor, lo que también tiene una relación con la mejora de la salud pública.
Justo es destacar, asimismo, que Ecologistas en Acción considera positivas y coherentes otras de las medidas incluidas en la reforma de la Ley de Tráfico. Hablamos de la reducción de la velocidad máxima a 90 km/h en vías de doble sentido y otras limitaciones más estrictas en calzadas más estrechas o en zonas urbanas.
