Este nuevo régimen retributivo establece que las instalaciones en funcionamiento recibirán un complemento a sus ingresos por el mercado si es necesario para alcanzar una rentabilidad "razonable" en toda la vida de la instalación, que se determinará posteriormente.
Con ello, se acuerda ahora, para instalaciones construidas hace años, a qué coste debiera haberse realizado la inversión, con qué coste debieran haberse operado y mantenido desde que entraron en funcionamiento, y qué rentabilidad "razonable" debieran haber obtenido si sus costes hubieran sido los que ahora considere el Gobierno que debían haber sido con una gestión eficiente, para "rehacer" con esos criterios las cuentas desde su puesta en funcionamiento para ajustar sus ingresos futuros.
"Pone en cuestión la seguridad jurídica"
Para el Grupo Parlamentario Socialista "se trata de un ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica de estas fuentes renovables de forma directa, aunque sienta un peligroso precedente para todas las actividades reguladas".
Una decisión que para el PSOE conlleva que "se pueda ahora reducir la rentabilidad de unas instalaciones, incluso hasta hacerla negativa, no para ajustarla al cambio en las condiciones económicas y financieras del contexto, sino para compensar una rentabilidad superior a lo que ahora se dice que hubiera sido razonable, obtenida en los años de vida de la instalación, al margen del marco retributivo con el que esas inversiones se realizaron, con grave daño a la seguridad jurídica de las inversiones en actividades reguladas, porque siempre estarán al arbitrio de la revisión de la rentabilidad que desde su puesta en funcionamiento se pueda decidir".
Para el Grupo Parlamentario Socialista todo ello comporta "la vulneración de diferentes preceptos constitucionales", como los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos del artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de reserva de ley y el artículo 86.1 de la Constitución española sobre los requisitos constitucionales para dictar decretos-leyes.
"Dificulta inversiones productivas innovadoras"
Además, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que esta reforma del Gobierno "dificulta las inversiones productivas orientadas a un nuevo modelo productivo con un gran componente innovador, como es el caso de las renovables".
Por otro lado, los socialistas destacan que este Real Decreto-ley "agrava los problemas del sistema energético español y afecta a un tipo de energías autóctonas como las renovables, en un país con un 80% de dependencia energética respecto de terceros países".
Igualmente, subrayan que dicha reforma "incumple compromisos europeos, traslada el déficit tarifario al recibo de la luz con las consiguientes subidas que sufrirán las economías familiares y las industriales y condena a nuestro país a tener una energía cada vez más cara que el resto de la UE".
Además, "renuncia a las energías renovables despreciando la oportunidad de avanzar en independencia energética y abre un conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus propiedades para instalar plantas fotovoltaicas, con un número de afectados sólo por instalaciones fotovoltaicas de 55.000".
"Arroja por la borda el esfuerzo de las renovables"
Para el Grupo Socialista, esta reforma "genera una nueva forma de pobreza, la energética, en la que muchas familias tienen que renunciar a determinados servicios en sus hogares". Y además, "amenaza gravemente la competitividad de la industria española y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos".
Por todo ello, para los socialistas dicho Real Decreto-ley "arroja por la borda el enorme esfuerzo hecho en el sector renovable que se consolida en otros países, un yacimiento de empleo intensivo".
