El Ministerio de Energía se muestra abierto a facilitar la prórroga del funcionamiento de las centrales nucleares durante diez años más
El Ministerio de Energía ha hecho saber en distintos foros que en su planificación energética contará con un “mix energético equilibrado” en el que tendrán cabida la energía nuclear y un apoyo al carbón nacional. Estas dos opciones se recogerán en las conclusiones del grupo de expertos que asesora al Ministerio de Energía con vistas a la elaboración de la ley de Cambio Climático. La voluntad de prorrogar la vida de las nucleares diez años es la conclusión extraída por los grandes bancos de inversión en encuentros privados celebrados con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, según el diario El Mundo.
Fuentes del Ministerio de Energía subrayan que esta no es una decisión oficial, y que el Gobierno respaldará las nucleares y el carbón, así como las renovables (como energía de respaldo), pero sin prejuzgar la duración de la prórroga y “garantizando siempre la seguridad”. “Se estudiará caso por caso”, dicen. La decisión final corresponderá a los propietarios, que han dado algunos pasos significativos. Así, los gestores de Almaraz 1 y Almaraz 2 (Cáceres) y de Vandellòs (Tarragona), cuyos permisos de explotación expiran en el 2020, ya han remitido al CSN los informes técnicos que han de entregar previamente a la solicitud formal para renovar la licencia.
La normativa indica que estos informes técnicos (que detallan los planes de residuos, sobre seguridad de la planta, el envejecimiento de materiales….) deben ser enviados al CSN tres años antes de que acabe el plazo de explotación de la central. En cambio, la solicitud formal de renovación puede hacerse hasta un año antes de que acabe el plazo (por lo tanto, en el 2019 en el caso de estas plantas). De la misma manera, los gestores de Almaraz 1 y 2 enviaron esos informes técnicos al CSN el 6 de junio.
La decisión definitiva sobre la solicitud formal de la prórroga corresponderá a las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Gas Natural). Sin embargo, continúa la tensión y las diferencias entre el Ejecutivo y el sector eléctrico por las desavenencias que rodearon el abrupto cierre de la nuclear de Garoña (Burgos).
Iberdrola (propietaria del 100% de Cofrentes, el 53% de Almaraz, el 48% de Trillo, el 28% de Vandellòs II y el 15% de Ascó II) ha venido criticando la regulación porque estima que existe una “excesiva carga impositiva” sobre las nucleares que compromete su viabilidad económica (impuesto del 7% a la producción, tasa sobre el combustible nuclear gastado, tasa Enresa para la gestión futura de los residuos o pagos de gastos de seguridad, entre otros).
Esos desacuerdos dieron lugar al cambio de la normativa sobre la tramitación técnica de la solicitud de la prórroga, que ahora se puede presentar un año antes de que el expire el permiso, lo que permite ganar tiempo y limar diferencias.
Además, el apoyo del Gobierno al carbón es cuestionado por parte del sector eléctrico, pues es contradictorio con el hecho de que la mayor parte del parque de térmicas de gas esté cerrado cuando lo lógico sería utilizarlas preferentemente antes que las contaminantes centrales de carbón, aducen. La apuesta del Gobierno por el carbón nacional complica, además, el cumplimiento del acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente, se reclama que las plantas térmicas que actúan de respaldo (cuando las renovables están paradas) puedan cerrar si no son económicamente viables.
