Todos los grupos de la Cámara, excepto el PP y UPyD, han apoyado esta enmienda transaccional que insta al Gobierno central a que ordene el cierre definitivo de la central en julio del 2013 al finalizar la licencia de explotación en vigor.
El texto pide al Gobierno de Rajoy que desista del procedimiento de revocación de la orden del Ministerio de Industria del anterior Gobierno que ponía fecha al cierre de la central y que "extienda" a los municipios vascos ubicados en el área de influencia de la central los beneficios del Plan de Dinamización Económica y medidas de Empleo aprobado por el anterior gobierno de Zapatero. El texto se remitirá al CSN y a Nuclenor como empresa propietaria de la central.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició la semana pasada el procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), según el proyecto de orden ministerial de este departamento firmado por el ministro José Manuel Soria el pasado 27 de abril.
De esta forma, Industria acuerda incoar "por razones de oportunidad" el procedimiento de revocación parcial de la Orden de cierre de la planta burgalesa emitida el 3 de julio de 2009 que establecía que la central debería cesar sus operaciones el 6 de julio de 2013.
El titular de Garoña, Nuclenor, dispone ahora de un plazo máximo hasta el 6 de septiembre de 2012 para presentar una solicitud de renovación de licencia de operación por un nuevo periodo "no superior a seis años" de forma que se podría ampliar la actividad de Garoña hasta el año 2019 como dictaminó el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, por unanimidad, se mostró favorable a que la planta operara diez años más.
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha explicado que el Gobierno central se encuentra analizando todos los informes y dictámenes posibles y que tomará la decisión de prorrogar o no y no la central tras sus análisis, "y no en base a un voluntarismo pronuclear del PP".
Asimismo, ha defendido que "con la ley en la mano y con los informes del CSN" a pesar de sobrepasar los 40 años, la central "puede seguir funcionando porque se cumplen todos los requisitos técnicos, jurídicos, legales, empresariales y políticos". "Hay una necesidad de generar energía en este momento de crisis", ha señalado.
Barrio ha recordado que el gobierno de Zapatero prorrogó la vida de Garoña, central que "ha mantenido sus condiciones y puesta a punto para producir energía". En este sentido, ha explicado que el año pasado produjo el 30% la electricidad consumida en Castilla y León y ha señalado que su cierre "supondría un importante declive económico en la zona con la pérdida de puestos de trabajo".
"El PP va a apoyar la decisión tome el Gobierno central asesorado por el CSN, no caeremos en las incoherencias que algunos de los grupos parlamentarios plantean permanentemente", ha zanjado.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, por su parte, ha mostrado su oposición a la iniciativa y ha apostado por abordar un debate "serio y riguroso a nivel nacional" en el Congreso de los Diputados con el que se planteen iniciativas "realistas" para "articular la mejor política energética para el país".
Pedir el cierre
El parlamentario del PNV Norberto Aldaiturriaga ha defendido que la postura de su formación siempre ha sido "clara" solicitando el cierre de Garoña argumentando razones de obsolescencia y seguridad y ha recordado el caso de Fukushima y el cierre de centrales nucleares de Alemania y Japón para afirmar que estas políticas "deben hacernos reflexionar al respecto".
"Los problemas de seguridad que plantea, la situación de riesgo que supone para los casi dos millones de personas que nos encontramos en un radio de acción de 80 kilómetros, no compensan los hipotéticos beneficios para la comunidad que se obtiene de su actividad", ha defendido.
Desde el PSE, Natalia Rojo, ha recordado la postura del PSE contraria a la energía nuclear y a favor del cierre de Garoña en julio del año 2013 y ha defendido que esta prórroga aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene como objetivo la preparación de un plan el mantenimiento de la actividad económica en los municipios de la zona.
El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha defendido que se trata de un debate político y no técnico porque "con independencia de los informes que se hayan realizado, existen otras fuentes de energías más viables económicamente y más adecuadas desde el punto de vista medioambiental".
Asimismo, ha denunciado que el mantenimiento de la central responde a uno de los criterios "favoritos" del PP que supone "obtener beneficios privados a coste público" ya que según ha explicado, los beneficios de la explotación de la central serán para la cuenta de resultados de Iberdrola y Endesa, mientras que el coste de los residuos, su desmantelamiento y las actuaciones en caso de accidente correrán a cargo de los presupuestos públicos.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha recordado que hace tres años el Parlamento vasco solicitó al gobierno del PSOE que no prolongase el permiso de explotación de la central hasta julio del 2013, solicitud que no fue atendida "imponiéndose desde Madrid" las decisiones sobre la central.
"La sociedad alavesa y vasca lleva años pidiendo su cierre porque es muy peligrosa y no tiene justificación técnica", ha defendido antes de afirmar que la central "no aporta ni el 0,3% de la energía al Estado", por lo que es "perfectamente prescindible".
El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, ha enumerado las paradas que ha tenido la central para advertir de que "lo único que tranquilizaría a la población sería el cierre de Garoña" porque "nadie puede garantizar la seguridad de ninguna central al cien por cien".
