La crisis de COVID-19 está cambiando la forma en que trabajamos e interactuamos y no hay duda de que las consecuencias políticas y económicas de la pandemia son simplemente impredecibles. Sin embargo, esta amenaza sanitaria sin precedentes no borra la emergencia climática.
Por eso, el Centre on Regulation in Europe (CERRE) ha realizado un análisis, «The Covid-19 crisis: a crash test for EU Energy and Climate Policies», para que la Unión Europea aprenda de esta crisis y le ayude a anticipar y gestionar mejor el cambio climático, el desafío final de este siglo. En su opinión, sería inaceptable utilizar el pretexto de la crisis COVID-19 para debilitar los pilares existentes de las políticas energéticas y climáticas de la UE.
Para este ‘think tank’ ubicado en Bruselas, la crisis COVID-19 es un cambio de juego para las políticas energéticas y climáticas de la UE existentes. Requerirá una adaptación inteligente de los planes originales del Acuerdo Verde de la UE. Este documento presenta cinco desafíos críticos generados por la crisis de hoy y las propuestas para abordarlos.
1. El EU ETS: la primera víctima del COVID-19
El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) es sin duda el instrumento de política climática más expuesto al choque COVID-19.
El precio del carbono se está hundiendo, alcanzando sus niveles más bajos (16 euros por tonelada) desde noviembre de 2018. Si bien el precio del CO2 apenas se recuperará en 2020, la incertidumbre y la inestabilidad del sistema pueden socavar los planes para eliminar el carbón. También puede reducir los ingresos públicos de los ingresos por subastas y puede ralentizar las inversiones bajas en carbono.
Por lo tanto, es fundamental que una nueva propuesta para estabilizar el sistema de fijación de precios del carbono esté en lo más alto de la agenda posterior a COVID-19 de la Comisión Europea. Debe considerar un nivel de precios en función de la situación del mercado o, al menos, un precio suelo de carbono que garantice la coherencia en todo el bloque durante toda la fase cuatro del ETS (2021-2030).
La propuesta de un Mecanismo de Ajuste de Carbono debe quedar en espera hasta que el ETS recupere la estabilidad necesaria. Deben explorarse otros instrumentos para una mejor y complementaria protección contra fugas de carbono de las industrias electrointensivas (por ejemplo, contratos de carbono por diferencia).
2. Planes climáticos para 2030 sin escenario COVID-19
El segundo elemento más expuesto es el plan para lograr objetivos de reducción de emisiones de GEI del 40% o más del 50% en comparación con los niveles de 1990 para 2030. El Plan Climático de la Comisión Europea tiene como objetivo definir trayectorias obligatorias durante las próximas tres décadas (2030-2040-2050). Sin embargo, existe una necesidad urgente de incluir en el ejercicio de modelado las implicaciones de una crisis sanitaria y económica global de la magnitud de COVID-19.
La Comisión Europea debe definir nuevos escenarios que incluyan productos industriales más bajos, crisis en sectores estratégicos (es decir, aviación, automóvil, turismo, etc.), precios más bajos del carbono y otros desarrollos sociodemográficos fundamentales que resultarían de un potencial de 5 años de recesión. La reciente evaluación inicial del Plan de Acción Climática es una oportunidad perfecta para considerar los escenarios de recesión y sus implicaciones sociales.
3. Transición justa y protección ambiental: necesidad de flexibilidad
Las Directrices sobre ayudas estatales para la energía y la protección del medio ambiente (EEAG) revisadas (2014-2020), previstas para finales de 2021, deberán calibrarse cuidadosamente. Debería convertirse en una herramienta vital de flexibilidad para suavizar el efecto de COVID-19 en sectores estratégicos de la economía de la UE y, en particular, las capacidades operativas de toda la industria energética en tiempos de turbulencia económica.
La Comisión Europea acaba de lanzar un proyecto de propuesta para un Marco temporal de ayuda estatal para apoyar la economía. Las futuras lecciones aprendidas de este «marco de crisis» muy válido deberían integrarse en las nuevas directrices.
Esto ayudará a garantizar que todo el sistema energético, como sector estratégico, no se vea obstaculizado a raíz de la crisis y que se puedan asegurar suministros asequibles para todos los consumidores después de la crisis, siempre que no se restablezca la economía.
Las directrices deberían estar guiadas por el principio de neutralidad tecnológica y ser coherentes con la futura trayectoria 2030 de la Ley Europea del Clima.
4. Efectos distributivos en alza
El cuarto elemento es la parte cada vez más importante que los efectos distributivos de las políticas climáticas desempeñarán en las secuelas de COVID-19.
La Eurozona definitivamente luchará para minimizar el alcance de la recesión planificada y las tasas de desempleo aumentarán en todo el bloque. La implementación de nuevos marcos regulatorios impulsados por estrictos objetivos de reducción de emisiones de GEI creará potencialmente impactos inesperados en los diferentes segmentos de la sociedad.
La Comisión Europea ahora integrará los efectos distributivos en las evaluaciones de impacto seleccionadas de futuras legislaciones (es decir, revisión de la Fiscalidad Energética). Esto es importante, pero la Comisión también debería establecer urgentemente un Observatorio de la UE para los efectos distributivos de la transición energética (ODET).
No solo debe permitir identificar sistemáticamente las mejores prácticas en todo el continente, sino también promover nuevas investigaciones sobre los efectos distributivos del Paquete de Energía Limpia, así como la implementación de todos los elementos del Acuerdo Verde de la UE.
Sobre todo, la iniciativa ODET proporcionaría a las autoridades públicas y a los reguladores los instrumentos apropiados para identificar y luego actualizar periódicamente una lista de «áreas de sensibilidad europeas para los efectos de distribución». Este ejercicio de detección de zonas geográficas específicas debe incluir diferentes tipos de grupos sociodemográficos basados en situaciones específicas de ingresos.
5. El papel de la gobernanza, cada vez más importante
Finalmente, las autoridades reguladoras nacionales (y, cuando corresponda, regionales) deberían adquirir un papel más importante en la gobernanza de los Planes Nacionales y Europeos de Clima y Energía. La crisis de COVID-19 representa un desafío dramático para los ciudadanos privados de ingresos regulares debido a los efectos del bloqueo.
Con el aumento de la población y la urbanización, las crecientes amenazas de cambio climático y desastres naturales, la creciente globalización y los movimientos de población, las crecientes tensiones y conflictos geopolíticos, las capacidades y la reacción rápida de las autoridades reguladoras deberían proporcionar una contribución significativa a la mejora de las condiciones de los consumidores vulnerables en tiempos de crisis y, como tal, al buen funcionamiento del sistema energético en beneficio de todos los consumidores.
Por lo tanto, será importante tener en cuenta sistemáticamente el papel que pueden desempeñar, a corto y largo plazo, las autoridades reguladoras en la definición e implementación de los Planes Nacionales de Energía y Clima (NECP).
Lejos de ser exhaustivas, estas cinco recomendaciones son fundamentales para desafiar los enfoques comerciales habituales entre los tomadores de decisiones, la sociedad civil, los actores corporativos y las autoridades reguladoras.
Los responsables políticos europeos en el Consejo, la Comisión y el Parlamento tienen una responsabilidad especial frente a nuestros ciudadanos, fuertemente afectados por la crisis COVID-19, de repensar modelos robustos para un crecimiento sostenible que será impulsado por una UE sólida pero adaptada al Acuerdo verde.
Fuente: Laura Ojea / El Periódico de la Energía,
Artículo de referencia: https://elperiodicodelaenergia.com/las-cinco-piezas-del-puzzle-que-movera-el-covid-19-en-la-politica-energetica-y-climatica-de-la-union-europea-a-2030/,
