Esta propuesta regulatoria está muy alejada de la debatida durante las negociaciones entre el sector y el MITYC, y es inaceptable tanto en términos de modelo como en lo que se refiere a las condiciones económicas. El sector considera que, si sale adelante, tendrá serias consecuencias, como la pérdida de miles de empleos, la deslocalización de fábricas, la destrucción de tejido industrial, la pérdida de confianza de los inversores nacionales y extranjeros, y el malestar de las comunidades autónomas, entre otras cosas. Por ello, reclama al Gobierno que reconsidere su postura.
El borrador de Real Decreto establece una senda de instalación de 1.400 MW eólicos anuales para cumplir los objetivos de 35.000 MW previstos en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-20. No obstante, el sector considera que, bajo las condiciones económicas propuestas, estos objetivos no podrán lograrse porque al no garantizar la rentabilidad razonable de los proyectos, la instalación de parques será inviable. De este modo, aunque el sector lleve meses reclamando la urgencia de un nuevo marco regulatorio que dicte las reglas del juego más allá del 31 de diciembre de 2012, considera que la propuesta enviada a la CNE tendría un efecto similar para el sector: una moratoria de facto de cara a los próximos años.
Los puntos más importantes del borrador de Real Decreto son los siguientes:
- Cambio de modelo. Frente a lo que ha venido discutiendo durante meses con el sector y lo que ha expresado públicamente, el MITYC propone modificar radicalmente el modelo existente –considerado por la Comisión Europea como el más eficiente económicamente de la Unión Europea-. Propone un sistema de primas variables en el tiempo por el que éstas se rebajarían automáticamente para todos los parques construidos bajo el paraguas de la nueva regulación si se superasen los cupos anuales. Tanto el sector como los bancos consultados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideran que con este modelo no habría acceso posible a la financiación, ya que introduciría semejante volatilidad en la retribución que impediría calcular la rentabilidad de un parque durante toda su vida útil.
- Condiciones económicas inaceptables. Los parámetros propuestos por el Gobierno no garantizan la rentabilidad razonable de los proyectos. Los aspectos más sustanciales son que se limita a doce años frente a los veinte actuales la percepción de la prima; las instalaciones sólo cobrarán la prima durante las primeras 1.500 horas de funcionamiento; las primas no se revisarán de acuerdo con la inflación, como se hace actualmente. Además, aunque persiste el concepto de una remuneración suelo, ésta será revisable anualmente por el Gobierno, lo que introduciría aún mayor volatilidad. Todas estas condiciones en su conjunto supondrían una rebaja de alrededor del 40% sobre la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007 para las instalaciones posteriores a 2013.
- Desincentiva la repotenciación. A pesar de la insistencia del sector, Industria ha decidido no incentivar la repotenciación, que supone la sustitución de aerogeneradores antiguos por otros más modernos en los parques que están en los mejores emplazamientos. Por otro lado, tampoco aporta soluciones a problemas pendientes, como son los parques inscritos en el Registro de Preasignación que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite de inscripción (el 31 de diciembre de 2012) por razones no imputables a los promotores y a menudo consecuencia de los cambios aprobados por el propio Gobierno sobre las Infraestructuras de Red.
El sector considera que, si esta propuesta sale adelante en las condiciones en que ha sido enviada a la CNE por trámite de urgencia, se abrirá uno de los peores escenarios posibles para el sector eólico, que da empleo a más de 30.000 personas, supone un 0,34% del PIB, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y ahorra importaciones de combustibles fósiles por 1.500 millones de euros al año, entre otras cosas.
Sector fotovoltaico
El eólico no es el único sector de energía renovable perjudicado por las últimas medidas del Gobierno. Hace unos días, el Ministerio de Industria tuvo un tenso encuentro con representantes del sector fotovoltaico, al anunciar el recorte del 26% de los ingresos destinados a este tipo de fuente energética.
