Las candidaturas recibidas corresponden a: Albalá (Cáceres). Ascó (Tarragona). Campo de San Pedro (Segovia). Congosto de Valdavia (Palencia).Lomas de Campos (Palencia). Melgar de Arriba (Valladolid).Santervás de Campos (Valladolid). Santiuste de San Juan Bautista (Segovia). Torrubia de Soria (Soria).Yebra (Guadalajara). Villar de Cañas (Cuenca).Villar del Pozo (Ciudad Real).Zarra (Valencia).
Los candidatos proceden de cinco Comunidades Autónomas diferentes, lo que demuestra el interés despertado por las instalaciones del ATC. El Ministerio de Industria agradece la disposición y el desarrollo transparente y democrático con que se ha llevado el procedimiento en los municipios presentados.
La Comisión Interministerial encargada de desarrollar el procedimiento analizará las candidaturas recibidas y publicará en los próximos días una lista con las candidaturas admitidas y las que hayan sido provisionalmente excluidas.
Los municipios que sean excluidos provisionalmente cuentan con un plazo de diez días a contar desde la notificación individual que reciban desde el Ministerio para formular alegaciones sobre su falta de admisión o subsanar los defectos de sus candidaturas. Una vez resuelto este trámite se procederá a publicar la lista definitiva de candidaturas admitidas y excluidas, previo acuerdo de la Comisión Interministerial.
A continuación se procederá al análisis del término municipal de los candidatos definitivos y, tras este trámite, se comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.
Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).
También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.
Finalmente, la Comisión Interministerial estudiará los terrenos propuestos y elaborará un informe de propuesta que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos. El informe se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento elegido para el ATC y su centro tecnológico.
El proyecto de ATC
El vigente Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) contempla para el almacenamiento de estos residuos una solución centralizada, atendiendo a consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad.
La instalación de un ATC ha sido considerada también la mejor opción según opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear, celebrada entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.
En el ámbito parlamentario, la necesidad de llevar a cabo las acciones oportunas con este fin se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones.
El 14 de diciembre de 2004 la comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de Enresa, los criterios para construir en España un Almacén Temporal Centralizado.
El 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del Congreso una Proposición no de Ley para al establecimiento de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.
El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto
contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas.
La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.
