España se resiste a que Bruselas acuerde objetivos de consumo de energías renovables muy ambiciosos para los próximos años, aunque está abierta a revisar al alza las metas hasta un máximo del 30% en 2030 (frente a la propuesta actual del 27%). Y rechaza que la próxima Directiva de eficiencia energética recoja de forma prescriptiva de qué modo deben combatir la pobreza energética los países, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En ambas negociaciones las posiciones españolas están entre las más conservadoras de la UE.
Las fuentes consultadas aseguran que España encabeza las posiciones más conservadoras en la mesa de negociaciones junto con Polonia. La Eurocámara aspira a que la implantación de renovables para el periodo comprendido entre 2020 y 2030 sea más ambiciosa de lo que la Comisión Europea puso sobre la mesa de negociación: el 27% del consumo total de energía debería proceder de fuentes renovables en 2030. El Europarlamento aspira a elevar las metas al 35%. Varios países apoyan cifras similares, y la Comisión aspira a que la cifra definitiva esté por encima del 30%. España lleva meses aferrándose al objetivo menos ambicioso (27%), aunque fuentes del Ministerio de Energía explican que el Gobierno “está abierto a revisar al alza el objetivo”, siempre que no rebase el 30%. España, además, encabeza un grupo de países que defiende que ese objetivo no sea obligatorio, contra el criterio de Bruselas.
“España se ha quedado aislada en este asunto”, aseguran varias fuentes europeas. El equipo del ministro Álvaro Nadal se agarra al informe del grupo de expertos para la transición energética, que ha dictaminado que por encima del umbral del 30% ese objetivo no sería creíble ni viable, por la evolución de los costes y los bajos niveles de interconexiones. Madrid critica los comportamientos “irresponsables” de algunos Estados miembros, que confían en que el cumplimiento del objetivo europeo se hará a expensas de los esfuerzos de otros países.
Tampoco en lo relativo a pobreza energética España quiere más ambición. Según el documento que fija la posición española, el Gobierno pretende eliminar cualquier obligación de tener en cuenta la pobreza energética en el cálculo de los ahorros anuales procedentes de las medidas de eficiencia, a pesar de que hay casi siete de millones de españoles en situación de vulnerabilidad. Madrid cuenta con el apoyo de la mayoría de Gobiernos del PPE, que consideran que la pobreza energética debe abordarse con políticas sociales, no con política industrial. “Lo que España no apoya, como muchos socios, es que la Directiva recoja de forma prescriptiva de qué modo deben los países tener en cuenta la pobreza energética. Esa competencia debe seguir siendo nacional”, asegura tajante el Ministerio de Energía.
Esas posturas han levantado ampollas en la mesa de negociaciones. “España es la nueva Polonia en materia energética”, afirma uno de los europarlamentarios presentes en ese debate entre la Comisión, el Consejo y la Eurocámara. También las ONG son críticas: “Con el aumento de la pobreza energética y las condiciones meteorológicas extremas, Europa necesita urgentemente medidas de eficiencia fuertes; es decepcionante la negativa española a acordar apoyos específicos para las familias más afectadas por la pobreza energética en un país con problemas tan acuciantes”, señala Clémence Hutin, de Friends of the Earth Europe, que se hace eco de “las reticencias a aceptar objetivos ambiciosos y obligatorios en renovables”.
España tiene otros frentes abiertos. La Comisión ha analizado de oficio el real decreto que el ministro Nadal pretendía aprobar para impedir el cierre de centrales eléctricas -entre ellas las que se alimentan de carbón- si esto influye en la factura de la luz. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ya advirtió contra la inseguridad jurídica que generaban los nuevos criterios. Nadal cambió de estrategia y retiró el proyecto de ley: acaba de presentar una proposición de ley que recoge algunas de las observaciones de la CNMC.
Pero Bruselas sigue de cerca ese recorrido: el comisario Miguel Arias Cañete asegura en una respuesta parlamentaria que el brazo ejecutivo de la UE “considera que no conviene poner barreras injustificadas a la entrada y salida de empresas de generación de electricidad”. La Comisión “se mantiene en estrecho contacto con las autoridades españolas para aclarar el contenido” de las medidas que impulsa Nadal, responde Arias Cañete a una pregunta del eurodiputado socialista José Blanco.
