La Mesa de la Minería de Aragón se reunió en la tarde de ayer bajo la presidencia de los consejeros de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, y de Industria y Medio Ambiente, Arturo Aliaga.

Hubo unanimidad en los siguientes puntos:

  • Instar al cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas Mineras en todos sus parámetros de ayudas pactados.
  • Exigir la aplicación de la Directiva Europea que garantiza la libre disposición de cada Estado miembros de consumir el 15% de energía autóctona.
  • Exigir el cumplimiento íntegro del Real Decreto de Garantía de suministro.
  • Reclamar el apoyo del Gobierno de la Nación para conseguir la modificación de la Decisión Europea que condiciona las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras con fecha 2018.
  • Solicitar firmemente la firma inmediata de todos los Convenios de Infraestructuras de las distintas convocatorias aprobados en las Mesas Regionales y en tramitación en el IRCM.
  • Solicitar un nuevo Plan Nacional de Reserva estratégica de carbón 2013/2018 negociado con los sindicatos mineros y Patronal del carbón.

Fue en este punto donde no hubo acuerdo unánime. Se propuso desde la Mesa “pedir a todos los diputados y senadores de todos los grupos políticos en las Cortes Generales que defiendan los intereses de las Comarcas Mineras Aragonesas, apoyando cualesquiera iniciativas o enmiendas que tengan por objeto tanto el aumento presupuestario como la puesta en marcha de medidas que contribuyan a resolver este asunto vital para nuestro futuro”.

UGT, por el contrario, reclamó, “exigir de la Presidenta de Aragón un mandato imperativo del Gobierno de Aragón a los senadores del PP y del PAR”, propuesta que no se aceptó por los consejeros al estimar que no era la Mesa de la Minería el órgano adecuado para discutir en estos, además de ser un planteamiento “ilegal” al tratar de mandatar de forma imperativa a los parlamentarios.

El último punto apuntaba a “remitir este acuerdo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, a la Presidencia del Gobierno de Aragón, al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón”.



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