Greenpeace considera legítimo que el Estado proteja a los trabajadores de un sector como el de la minería del carbón que está destinado a la extinción. Sin embargo, la organización ecologista considera que el Real Decreto 134/2010 no cumple este objetivo y sigue perjudicando al clima a la vez que compromete recursos públicos que podrían destinarse a la reconversión.
"Acabar con la quema de carbón es una prioridad estratégica en la lucha contra el cambio climático. Seguir subvencionando la quema de carbón es inaceptable y no ofrece ninguna garantía de futuro a los trabajadores. El Real Decreto del carbón es ofrecer al sector minero pan para hoy y hambre para mañana" ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña Cambio climático y Energía de Greenpeace.
Greenpeace considera que el Real Decreto 134/2010 se fundamenta en un problema de suministro inexistente en el sistema eléctrico español, por las siguientes razones:
De acuerdo con los datos de Red Eléctrica Española (REE), el balance eléctrico en España es cada vez más excedentario, es decir, que es exportadora neta de electricidad.
El Plan de Acción Nacional sobre Energías Renovables, presentado por el Gobierno español a la Comisión Europea en julio de 2010, constata una exportación neta de energía de 1,344 GWh en 2005 y prevé aumentos progresivos hasta llegar a 25,199 GWh en 2020.
La garantía de suministro de electricidad ya está asegurada mediante los procedimientos de operación que aplica REE, operador del sistema. Intervenir adicionalmente, como plantea el Real Decreto, implica generar distorsiones en el mercado sin causa justificada.
La organización ecologista destaca que la normativa no es más que una subvención encubierta puesto que favorece a determinadas centrales térmicas de carbón garantizándoles prioridad de acceso al sistema, así como un precio estable y superior al de mercado de la energía que generen mediante la quema de carbón nacional.
Piden que restrinjan las subvenciones al sector del carbón
Greenpeace destaca que el abandono de las subvenciones a los combustibles fósiles es una prioridad en la estrategia europea para 2020 y que el Real Decreto no sólo genera un agravio comparativo entre fuentes de producción energética, priorizando algunas de las que generan mayores emisiones de CO2, sino que se opone frontalmente a la normativa europea sobre ayudas a la industria del carbón. En este sentido, la organización ecologista recuerda que la Comisión Europea acaba de aprobar una propuesta para restringir las subvenciones a actividades de cierre o reconversión y condicionarlas a criterios cuantitativos y temporales muy estrictos. De acuerdo a esta normativa, el Real Decreto presentado por el Ministerio de Industria sería ilegal.
Según la organización ecologista, el Gobierno carece totalmente de política energética y la adopción de medidas puntuales e incoherentes (subvenciones al carbón, restricciones a las renovables, imposición del ATC, etc.) alejan a España cada vez más de una economía sostenible y generan gran rechazo social.
