La organización ecologista exige a Industria que ninguna central nuclear cuente con ningún privilegio económico o fiscal ni que se disminuyan las exigencias de seguridad para permitir la prolongación de su vida útil, como podría suceder en la inminente reforma energética que está preparando el Ministerio dirigido por Soria.
Soria ha asegurado en sede parlamentaria que no ha podido concederle una "ampliación de la licencia de explotación por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley, que el cese se produce por razones única y exclusivamente económicas, y que estas razones económicas son las que está estudiando el Ministerio".
Greenpeace destaca que el titular de la cartera de Industria ha intentado evitar de múltiples formas tener que declarar el cese definitivo de explotación de la planta, para lo que no ha dudado en intentar saltarse los límites legales establecidos. Greenpeace mantiene su denuncia en la Audiencia Nacional sobre este proceso, y continuará hasta conseguir una sentencia que ratifique estas vulneraciones. Además presentará dentro del plazo otorgado las alegaciones correspondientes a este proceso de cierre definitivo.
Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, han declarado por escrito durante los últimos 9 meses que Garoña es inviable económicamente, sin embargo hace apenas 15 días solicitaron poder pedir una licencia para operar sin potencia, es decir sin tener ingresos, y sin tener que realizar las medidas de seguridad que el Consejo de Seguridad Nuclear le impone.
"Garoña debe estar obligada a su desmantelamiento a partir del próximo 6 de julio. No podemos permitir que el Gobierno utilice la reforma del sistema eléctrico para ocultar la inviabilidad económica de la industria nuclear", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.
