Por ello, Greenpeace ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional reclamando que el Ministerio cumpla lo determinado por este tribunal y haga entrega inmediata de esta documentación. Asimismo, la organización ecologista seguirá denunciando la ilegalidad de este proyecto en los Tribunales y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a continuar con la movilización ciudadana.
Antecedentes del recurso ante la Audiencia Nacional
El pasado 23 de junio, derivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace contra el proceso del cementerio nuclear, la Audiencia Nacional ordenó mediante un Auto al Ministerio de Industria que incluyera en el expediente que ha de entregarse a las organizaciones demandantes los siguientes documentos: Proyecto Técnico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico del Centro Tecnológico Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los Informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.
La organización ecologista destaca que nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, han podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC.
“El Ministerio de Industria persiste en su actitud secretista y obstruccionista, en una clara demostración de la falta de transparencia del proceso del cementerio nuclear”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Ausencia de participación pública
Este proceso se ha caracterizado también por la ausencia de mecanismos de participación pública previos al inicio del proceso, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos negociada en secreto. En ese sentido, Greenpeace defiende que este proceso puede considerarse ilegal, pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
Por ello, a finales del pasado mes de febrero, Greenpeace interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (al que se ha sumado Ecologistas en Acción) para impugnar la Resolución del 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC) y su centro de experimentación nuclear asociado.
La organización ecologista recuerda que el ATC es una instalación muy peligrosa. Y asegura que “los procesos de manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior del cementerio implican riesgos de accidente, además de la contaminación radiactiva rutinaria que se produciría, incluida la emisión de gases radiactivos al exterior”.
Además, los residuos radiactivos se tendrían que transportar desde cada central hasta el cementerio en tren o por carretera, lo que expondría a la ciudadanía al riesgo de escape radiactivo en caso de accidente o sabotaje. Los contenedores de transporte tienen serias deficiencias en cuanto a su resistencia a choques y al fuego.
Los estándares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) son fácilmente superables: resistencia a un choque con una superficie plana a un máximo de 50 Km/h; resistencia a un impacto sobre una superficie metálica punzante a un máximo de 16 Km/h; y resistencia a un fuego de 800 ºC durante tan solo un máximo de 30 minutos.
Por otra parte, y según afirma Greenpeace el “Centro Tecnológico Asociado” sería en realidad una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación (proceso aún en fase experimental), lo que provocaría riesgos adicionales de accidentes y la generación de nuevos residuos.
