Las nuevas normas tienen por objeto reestructurar la fiscalidad de esos productos para eliminar los desequilibrios actuales y tener en cuenta tanto sus emisiones de CO2 como su contenido energético. Los impuestos sobre la energía vigentes se dividirían en dos partes que, juntas, determinarían el tipo global de imposición de los productos.
La Comisión desea fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, así como prevenir las distorsiones de la competencia en el mercado único. La propuesta ayudará a los Estados miembros a replantear sus regímenes fiscales generales de forma que contribuyan al crecimiento y al empleo mediante el paso de la fiscalidad del trabajo a la fiscalidad del consumo. La Directiva revisada entraría en vigor en 2013. Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.
Algirdas Šemeta, Comisario de la UE responsable de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, ha declarado lo siguiente: “El régimen fiscal de la energía puesto al día llega en el momento justo. Los Estados miembros están definiendo sus estrategias de salida de la crisis y de cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. Hacen un llamamiento para que reduzcamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Una fiscalidad de la energía equitativa y transparente es necesaria para alcanzar nuestros objetivos en materia de energía y clima. Nuestra meta común es una economía de la UE que utilice más eficazmente los recursos y que sea más ecológica y competitiva. Esta propuesta establece una señal de precios enérgica en materia de CO2 para los consumidores y las empresas y representa también una oportunidad para transferir la carga fiscal del trabajo al consumo a fin de facilitar una fiscalidad que fomente el crecimiento”.
La fiscalidad de los productos energéticos está armonizada a escala de la UE hasta cierto punto. La Directiva de fiscalidad de la energía ya fija unos tipos mínimos de tributación de la electricidad y de los productos energéticos usados como combustible de automoción y de calefacción. No obstante, la Directiva ha quedado obsoleta y falta de coherencia. La fiscalidad basada en el volumen de los productos energéticos consumidos no puede hacer alcanzar los objetivos de la UE en materia de energía y cambio climático. Tampoco aporta incentivos económicos que fomenten el crecimiento y estimulen la creación de puestos de trabajo. La fiscalidad de los productos energéticos debe tener más en cuenta su contenido energético y sus repercusiones en el medio ambiente.
Elementos clave
La Directiva de fiscalidad de la energía revisada permitirá a los Estados miembros utilizar de manera óptima la fiscalidad y, en última instancia, apoyar el “crecimiento sostenible”. Para ello, propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes:
Una se basaría en las emisiones de CO2 del producto energético y se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2. Y la otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en gigajulios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.
La dimensión social se tiene en cuenta al contemplarse la posibilidad de que los Estados miembros eximan completamente la energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado.
Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.
Ventajas de revisar la fiscalidad de la energía
Esta propuesta favorecerá las fuentes de energía renovables y estimulará el consumo de fuentes de energía que emitan menos CO2. Por el momento, las fuentes de energía más contaminantes son, paradójicamente, las que menos impuestos pagan. En cambio, los biocombustibles son algunas de las fuentes de energía por las que se pagan más impuestos pese al compromiso de la UE de incrementar el porcentaje de la energía procedente de fuentes renovables en el transporte. La nueva propuesta subsanará esta contradicción.
El nuevo texto también establecerá un planteamiento más coherente en materia de fiscalidad de la energía en toda la UE al prevenir un mosaico de políticas nacionales y contribuir a crear unas reglas de juego equitativas para el sector en toda la Unión. También supondrá una oportunidad para que los Estados miembros se replanteen sus políticas tributarias para fomentar el empleo y la creación de puestos de trabajo.
En cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Directiva revisada persigue complementar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE vigente mediante la imposición de una tasa sobre el CO2 en sectores que no entraban en su ámbito de aplicación (transportes, hogares, agricultura y pequeñas industrias). Estos sectores representan la mitad de las emisiones de CO2 de la UE, por lo que es importante que les afecte también la señal de precios del CO2.
Por último, esta iniciativa ayudará a la UE a alcanzar sus objetivos en materia de energía y cambio climático, tal como prevén las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2008. También refleja los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2010.
Ahora debatirán el Parlamento Europeo y el Consejo la propuesta y se prevé que esta entre en vigor en 2013. Si procede, el nuevo régimen fiscal se implantaría gradualmente.
