El sector considera que, de salir adelante la regulación en los términos propuestos, se instalará un 69% menos potencia de la prevista por las comunidades autónomas, dado que sólo serán rentables los parques que se instalen en zonas con un recurso eólico muy superior a la media. Por ello, solicita al Ministerio de Industria que reconsidere su postura y retire el borrador de real decreto tal y como está planteado.
La inversión total que se realizaría según lo planificado en las comunidades autónomas (en su mayoría, la potencia adjudicada en los concursos eólicos) sería de 18.399 millones de euros. Sin embargo, la norma en tramitación supondría una moratoria de facto que reduciría la inversión a 5.719 millones, según la estimación realizada por AEE.
El borrador de real decreto de Industria impone un sistema de primas variables en el tiempo para todos los megavatios que se instalen bajo el nuevo marco regulatorio que imposibilita hacer previsiones sobre los futuros ingresos y, por lo tanto, impide el acceso a la financiación, como aseguran los bancos consultados por AEE. A esto hay que añadir que la nueva regulación supone un recorte de facto del 40% sobre las condiciones económicas actuales, que implica que no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico.
De hecho, AEE estima que, bajo esta norma, hasta 2015 sólo serían rentables los parques eólicos de más de 2.800 horas de funcionamiento anual, de los que en España quedan por instalar tan solo unos 500 MW, con los mejores emplazamientos ya ocupados. A partir de 2015, el umbral de la rentabilidad estaría por encima de 2.400 horas. En la actualidad, el parque medio en España funciona 2.100 horas al año.
Según las previsiones, Cataluña y Castilla y León perderían más de 2.000 millones de euros en inversiones cada una hasta 2020, mientras Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía sufrirían pérdidas de más de mil millones de euros. Aragón, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana también se verían afectadas, ya que tienen parques eólicos adjudicados en concursos. Varios gobiernos autonómicos han expresado su malestar por la situación.
Pérdida de empleo
Las estimaciones apuntan a que, si se instalase la potencia prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los 35.000 de finales de 2009 (último dato disponible). Por el contrario, si se aplica la norma propuesta por Industria, se perderán 16.500 empleos, casi la mitad del empleo actual. Esto supondría un gasto para las arcas públicas de 23.300 euros al año por trabajador (cotizaciones a la seguridad social, impuestos, etcétera), lo que representa un total de 384 millones de euros al año.
La propuesta de AEE sobre la nueva regulación, expresada tanto en las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses con el Ministerio de Industria como en las alegaciones al borrador de real decreto enviadas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), parte del supuesto de que el sector eólico debe aceptar unas condiciones económicas más restrictivas que las actuales en el presente escenario de crisis económica. Lo que el sector no puede aceptar es un sistema que lo aboca a la parálisis, la destrucción de su tejido industrial y la pérdida de riqueza y empleo.
Además, si la norma sale adelante en estos términos, el sector no podrá cumplir con los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-20, lo que impedirá a España llegar al compromiso europeo de que el 20% de la energía que se consuma en el país en 2020 proceda de fuentes renovables.
