Desde principios de año, se han destruido 25 empleos eólicos al día, lo que supone un total de 3.600 puestos de trabajo perdidos; se han cerrado nueve fábricas y otras tres se encuentran en fase de suspensión de actividad, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
En su discurso de inauguración de la Convención Eólica 2013, que comenzó ayer en Madrid, José López-Tafall, presidente de AEE, argumentó que estas cifras son consecuencia directa de las medidas tomadas por el Gobierno este año contra el déficit de tarifa: el impuesto del 7% sobre la generación y el Real Decreto-Ley 2/2013, que ha supuesto un recorte de facto de la retribución. “El sector eólico ha sido castigado con tal dureza, que parece que somos los responsables del déficit de tarifa”, señaló. El sector espera un impacto en sus cuentas de unos 6.000 millones hasta 2020 como consecuencia de ambas medidas.
En este sentido, López-Tafall pidió al Gobierno que estas medidas sean de carácter temporal y ligadas a la recuperación de la demanda eléctrica, así como que la pérdida de ingresos –de 600 millones de euros sólo en 2013- se compense. “Pedimos al Gobierno que, siguiendo sus propias palabras, resuelva el problema del sector aplicando Justicia. Y que reconozca que la eólica, tras el RDL 2/2013, ya ha pagado su parte de la factura. Hemos pagado por adelantado”. Asimismo, la eólica pide que, tras la próxima reforma energética, se elabore un plan específico de apoyo al sector, que permita mantener el empleo industrial y aumentar la presencia internacional.
“El sector eólico no es culpable del déficit de tarifa”, indicó López-Tafall. “Ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos y costes que le ha marcado el regulador. En 2012 el sector generó el 17% de la electricidad consumida en España y su retribución total representó tan sólo el 11% de los costes totales del sistema”. Y añadió que los incentivos eólicos españoles están entre los más bajos de Europa (sólo los de Suecia, Dinamarca e Irlanda, países con mucho mayor recurso eólico, son inferiores).
“En este sentido, se debería tener en cuenta lo que hace cada día la eólica por España”, afirmó el presidente de AEE, que se refirió al periodo de seis meses (de noviembre a mayo) en el que la eólica fue, por primera vez, la primera tecnología del sistema durante un semestre completo. En ese semestre, se generaron ahorros en importaciones de combustibles fósiles por valor de 1.700 millones, lo que ha permitido a la eólica contribuir “al primer superávit comercial de la historia de nuestro país”; se evitó la emisión de 12 millones de toneladas de CO2, por valor de 47,5 millones de euros; y el precio del mercado eléctrico se redujo en 11,5 euros respecto al año anterior, con el consiguiente ahorro de 684 millones en la factura de las grandes empresas industriales, además de proporcionar la posibilidad de bajar el precio de la luz a los consumidores.
“No podemos pagar los errores de otros, como no podemos seguir pagando casi en exclusiva el ajuste del sector. Si el Gobierno entiende este mensaje, habrá futuro”, señaló López-Tafall. “Si esto se entiende, la eólica puede aún dar muchas satisfacciones a España. Con un sector más equilibrado, abierto a la competencia y con la seguridad jurídica recuperada, la eólica tiene mucho que ofrecer”.
Visión europea
Tras López-Tafall, intervino Andrew Garrad, presidente de la Asociación Eólica Europea (EWEA). Según Garrad, que afirmó que los logros de la eólica en nuestro país han sido “espectaculares”, la situación regulatoria que vive España preocupa en Europa. “En este sector, España ha sido un faro para el resto del mundo y el Gobierno español debe preguntarse si quiere seguir siendo un líder eólico en el futuro. Si quiere ser parte de una industria que gasta dos veces más en I+D que el resto. Si quiere tener parte de los 800.000 empleos que habrá en la UE en 2030”, indicó. Y añadió que “otros gobiernos querrían, pero no tienen ni la industria, ni la experiencia que tiene España en integración en red. ¿De verdad queréis tirarlo todo por la borda por dificultades de corto plazo”.
A su juicio, “el futuro del sector depende de marcos regulatorios estables y de objetivos a largo plazo”. EWEA defiende que la Unión Europea debería fijar objetivos vinculantes de consumo de energías renovables de cara a 2030 (en la actualidad, los que hay son a 2020).