Greenpeace recuerda que el CSN reiteró al Ministerio la necesidad de que emita la declaración del cese de explotación para que esta tenga efecto jurídico, un retraso del proceso por el que el Ministerio no ha dado ninguna explicación.
"Sin haber cambiado ninguna de las condiciones relativas a la seguridad, sino todo lo contrario debido al paso del tiempo, el CSN no puede conceder una prórroga que ya denegó", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. "El CSN debe elegir entre su independencia y credibilidad o su obediencia a las exigencias de las compañías eléctricas y del Partido Popular".
En la petición de Nuclenor remitida al Ministerio de Industria, y que este a su vez reenvía al CSN, se aduce que debido a que existen "nuevos elementos de valoración" respecto a la aplicación de los nuevos impuestos en la Ley 15/2012 de medidas fiscales puede motivarse este cambio de opinión respecto a la solicitud de esta prórroga.
Greenpeace considera que el CSN no puede autorizar esta prórroga sin vulnerar sus propios requisitos en materia de seguridad nuclear porque:
- El CSN remitió su informe correspondiente en el que se denegaba dicha prórroga alegando que "una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación, e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión del CSN".
- Se vulneraría la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) asociada al cese de explotación.
- Se vulnerarían las Pruebas de Resistencia. De acuerdo con el informe final de las pruebas de resistencia, el CSN considera que "las acciones cuya implantación se requiere para el corto plazo deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2012, las de medio plazo se completarán entre 2013 y 2014. Y las de largo plazo en los dos años siguientes, por lo que todo el programa deberá estar finalizado el 31 de diciembre de 2016". (Instrucciones Técnicas Complementarias de Garoña).
La organización ecologista recuerda que la inseguridad jurídica en la que se encuentra esta explotación nuclear aumentará aún más de llevarse a cabo este trámite. El pasado 14 de febrero, el CSN informó al Ministerio sobre la falta de la declaración del cese de la explotación, ya que a pesar de que la empresa ha comunicado la intención de cesar la explotación, mientras no se declare como tal por el Ministerio (art. 28 RINR) no tendrá efecto jurídico.
"Una nueva revocación de la revocación de la Orden Ministerial de cierre de Garoña es reírse del derecho, de los procedimientos y en definitiva del poder legislativo", ha añadido Montón. "Este Ejecutivo está despreciando al poder legislativo y judicial, se está burlando del Estado de Derecho".
