El informe de la CNE avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general, frente a las pretensiones de las eléctricas, que eran las que el Ministerio había plasmado en su propuesta, de restringir el autoconsumo al máximo para hacerlo inviable.
"Las eléctricas encabezadas por Iberdrola han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero en realidad el autoconsumo es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo para el conjunto del país", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña Energía de Greenpeace. "Es muy grave que el Gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de algunas empresas en perjuicio del interés general. El decreto presentado por el Gobierno tiene que ir directamente a la papelera".
El pasado mes de julio Greenpeace envió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentarios al Real Decreto (RD) sobre autoconsumo propuesto por el Gobierno en el marco de su reforma energética. La organización ecologista manifestó entonces la necesidad de realizar una profunda modificación del texto al ser claramente discriminatorio para el usuario e ir en contra del ahorro y la eficiencia, puntos en los que la CNE coincide plenamente.
Greenpeace advertía, además, de la inaudita coincidencia en los términos y resoluciones del Real Decreto con las premisas y argumentos de las empresas de UNESA. Entre los puntos más conflictivos estaba la creación del llamado "peaje de respaldo", término acuñado e insistentemente defendido por Iberdrola.
Con este "peaje de respaldo" el Gobierno pretende cobrar un impuesto por la energía consumida aunque proceda de una instalación propia de generación. Greenpeace considera fuera de toda lógica este cobro pues solo se debería pagar por la energía consumida procedente de la red. A esto se suma que el autoproductor tampoco cobraría por la energía que vierta a la red, como sí hace cualquier central térmica o nuclear.
Además, dentro de todos los sinsentidos recogidos en este RD destaca, en el apartado de sanciones, el supuesto de no inscribirse en el registro creado a tal efecto. Esto conllevaría a incurrir en una falta "muy grave", tipificada en otro anteproyecto de Ley con una sanción cuyo límite máximo podría ascender hasta los 60 millones de euros.
