El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que ha presentado el Gobierno es incoherente con el objetivo que plantea en la exposición de motivos y en el propio título de la ley. El conjunto de medidas que plantea ahonda precisamente en la insostenibilidad de nuestro modelo energético y en la miopía de la política energética llevada a cabo por el Gobierno donde lejos de resolver los problemas sistémicos se empecina en medidas estrictamente recaudatorias y cortoplacistas.
Las medidas planteadas no persiguen un uso más eficiente de los recursos ni la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica; al imponer una tasa igual a todas las tecnologías el Gobierno olvida y margina la aportación económica, medioambiental y social de las energías renovables al conjunto del sistema eléctrico.
La enmienda a la totalidad con texto alternativo presenta alternativas para avanzar en una fiscalidad verde auténtica mediante una reforma integral que persigue un cambio de modelo radical como salida a la crisis económica y ambiental actual. Se trata de una fiscalidad más justa porque internaliza los costes ambientales y sociales, que en estos momentos recaen sobre el conjunto de la ciudadanía.
Se proponen alternativas para avanzar en materia energética, poniéndonos a la altura de la UE, siguiendo las directivas europeas y los objetivos marcados de fomento de las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia energética. Se promueven los sectores económicos más sostenibles, que son intensivos en puestos de trabajo y ayudan a su creación.
Esta enmienda, que se ha presentado en rueda de prensa en el Congreso, acomete cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creación de nuevos impuestos y reforma con criterios ambientales de la fiscalidad de las haciendas locales.
Se prevén nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los impuestos existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas locales se modifican las tasas de residuos, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el IAE.
Los participantes en la presentación de la PL han subrayado que con esta iniciativa se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. "El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente", han insistido.
También se busca promocionar sistemas de transporte y usos del suelo "más sostenibles" con transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones medioambientales.
