En un discurso emitido por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la intervención de Repsol YPF, y declaró de interés público nacional la exploración de hidrocarburos para lograr autoabastecimiento.
El discurso de Kirchner
El proyecto enviado al Senado declara la utilidad pública de las actividades de YPF Sociedad Anónima, y establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, así como el crecimiento "equitativo y sustentable de las provincias".
En él se establece que el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas al cumplimiento de esta medida, con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado nacional e internacional. Para ello se aplicará un Pacto de Sindicación de acciones, donde se establece que el 51% de las acciones que estarán en manos estatales (51% del Estado Nacional y el 49% restante en la de los estados provinciales productoras de hidrocarburos), que deberán votar siempre de la misma forma “porque los intereses de la Nación y de las provincias no se disocian. Es el mismo”, dijo y avanzó en que para hacer más efectivo este pacto, cualquier modificación posterior que quiera hacerse al proyecto deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso. “Dirán ¡qué exagerada! Pero yo pregunto ¿Qué les puede cambiar más la vida a los argentinos? ¿No tener más combustible?, ¿que no crezcamos? O una reforma en la constitución. La del 94 no tuvo mayores consecuencias, fue neutra”, explicó.
Durante el acto la Presidente advirtió que de seguir la política de vaciamiento que viene aplicando Repsol YPF “nos tornaría en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el tercer país en el mundo -según la agencia de petróleo de los Estados Unidos- luego de China y EE.UU. en tener gas".
En este sentido la primera mandataria subrayó el faltante de combustible que hubo en 2011, en año electoral. “Hay algo peor que aumentarle la nafta a la gente y es que no haya nafta”.
“También quiero decirles que no vamos a caer en creer que se puede manejar una empresa petrolera de una manera liviana. Hemos sentado principios muy claro en esta ley respecto de la profesionalización. Vamos a convocar a los argentinos, a los que se fueron y también a los que se quedaron y que apuestan a tener una empresa que sea orgullo de los argentinos. Voy a poner todo el esfuerzo que ese grupo pueda darle el lugar a YPF que los argentinos nos merecemos”, anunció la Presidenta.
“Esta no es una cuestión menor, queremos una empresa que esté comprometida con un modelo de país, sustentable, que tenga desarrollo y crecimiento”, agregó.
La Presidenta argentina dio a conocer además la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que establece la intervención de la compañía y nombra como interventor al ministro de Planificación Julio de Vido. En esa tarea, el ministro será acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien se ocupará de los aspectos económicos y financieros. “Porque está el negocio petrolero y el comercial y es necesario tener controlados los dos frentes”, apuntó la Presidenta.
La respuesta de Repsol
Por su parte, la principal perjudicada, Repsol, considera que dicha medida “es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional”. Por lo tanto, la compañía se reserva “todos los derechos y acciones” que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino.
Asimismo, la compañía española ha hecho público un extenso informe en el que se analiza tanto el mercado energético argentino, y apunta al reciente descubrimiento en el Yacimiento de Vaca Muerta como posible desencadenante.
Esta misma mañana, durante una intervención ante los medios de comunicación el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, negó los datos en los que se apoya la decisión del gobierno argentino, y los de manipularlo, además afirmó que “alguien me tiene que explicar por qué hace 4 meses eran la mejor compañía de Argentina”.
Además también tuvo palabras para el ministro de Planificación Julio de Vido, y aseguró que “debe estar disfrutando sentado en mi silla”.
En cuanto a la labor del Gobierno, Brufau sólo tiene palabras de agradecimiento, y reconoce que desde la compañía se van a llevar a cabo todas las acciones legales que estén a su alcance. Entre las que se incluyen una indemnización por la privatización, aunque asegura que YPF vale más de los 8.000 millones de euros que van a solicitar.
A la pregunta de ¿qué le diría a Cristina Fernández de Kirchner?, Brufau fue muy claro, y resolvió la cuestión con un conciso “hablemos… antes de criticar, insultar, y manipular”.
Por último, el presidente de Repsol también ha lanzado un mensaje de tranquilidad y aseguró que la expropiación no tendrá ninguna repercusión ni en los precios, ni en las compras, ni en el aprovisionamiento del mercado español.
Declaraciones de los ministros españoles
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, y de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han comparecido ante los medios de comunicación para efectuar unas declaraciones de condena ante la arbitraria y discriminatoria decisión adoptada por el gobierno argentino sobre Repsol-YPF.
El ministro José Manuel García Margallo ha declarado que “el Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del Gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF”.
Además, ha remarcado que “esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Recuerda que España acudió en socorro de la República Argentina cuando la Argentina atravesaba sus peores horas”.
También señala que “esta medida quiebra el acuerdo verbal al que llegaron en Buenos Aires el día 28 de febrero: de una parte, el ministro Soria por parte del Gobierno español; de otra, los ministros De Vido y Lorenzini por parte de la República Argentina. En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos entre Repsol YPF y el Gobierno de Argentina se decidirían por la vía del diálogo y de la negociación, que es lo normal, la regla habitual, entre países amigos como Argentina y España”.
El Ministro ha anunciado que adoptará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españolas en el exterior. Recuerda que la medida perjudica, especialmente, a millones de pequeños accionistas que tenían depositados sus ahorros en la compañía Repsol. El Gobierno se ha puesto en contacto con la Comisión y las instituciones europeas dándoles cuenta de esta arbitraria decisión y ha pedido que, por vía de urgencia, se discuta esta medida en el pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo.
En último lugar, José Manuel García Margallo ha señalado que esta medida es extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino, y que quiebra el clima de confianza necesario para traer los ahorros y las inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir entre los países amigos y aliados, según su opinión.
Una "decisión discriminatoria"
El ministro de Industria español ha declarado que “la decisión es discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF, como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina”.
Ha continuado afirmando que “es discriminatoria respecto a otros operadores, porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas en relación con una empresa, que es la empresa YPF, de la cual Repsol, empresa española, es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones. Pero es discriminatoria también respecto al propio accionariado de YPF donde, aparte de Repsol, hay otros accionistas argentinos, respecto a los cuales la decisión de nacionalización nada dice. Por tanto, doblemente discriminatoria”.
Además, Soria ha afirmado que “es una decisión que incumple el acuerdo verbal al que el pasado 28 de febrero llegamos ambos Gobiernos, representado el Gobierno de Argentina por sus ministros de Planificación y de Economía, y por mí mismo como ministro del Gobierno de España; acuerdo que establecía que cualquier tipo de diferencia en relación con la empresa YPF debía ser resuelta amistosamente por los grupos de trabajo que ambos Gobiernos constituían”.
El Ministro ha recordado que “a la vuelta de aquel desplazamiento que hice a Argentina, y donde había otros miembros de la Administración y del Gobierno de España, como eran el secretario de Estado de Energía y el director general de la Oficina de Información Diplomática, acompañados de miembros de la Embajada de España en Buenos Aires; a la vuelta de aquel viaje contacté nuevamente, por escrito, con el Gobierno de Argentina para pedir que se fijara día y hora para el inicio de las conversaciones. Nunca hubo respuesta”.
Soria cree que esta decisión no sólo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol y, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno, según sus propias palabras.
Por último, Soria ha remarcado que “la decisión que ha tomado el Gobierno argentino anunciando la nacionalización de una parte importante, de la mayoría, de las acciones de Repsol en YPF es una decisión hostil contra Repsol; por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el Gobierno de España. El Gobierno de España actuará en consecuencia y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas en relación con esta decisión, que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días”.
