El Gobierno ha puesto en marcha varias medidas desde 2012 para reducir la generación anual de déficit de tarifa -la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos recogidos a través de la factura-, un grave desequilibrio del sistema que supera los 26.000 millones de euros y que, de no haber tomado ninguna medida desde 2012, ascendería este año a 10.500 millones de euros.
Tras las medidas ya emprendidas, que han logrado reducir la generación anual de déficit de tarifa en 6.000 millones de euros, el déficit previsto para 2013 es de 4.500 millones de euros. Para corregir este déficit restante, la tarifa del consumidor doméstico tendría que subir un 19%. De no haber puesto en marcha ninguna medida, la factura del consumidor tendría que subir un 42%.
La reforma aprobada hoy contempla un reparto del esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. Así, de los 4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los 900 millones de euros restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de peajes Una vez corregido el desequilibrio, la reforma contempla cambios normativos para que el sistema sea más flexible para adaptarse a las circunstancias y evitar así nuevos desequilibrios en el futuro.
El tercer pilar de la reforma es garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. Para ello, se simplifica y clarifica la factura eléctrica y se introducen cambios normativos para fomentar la competencia, reforzando los mecanismos de atención al cliente y manteniendo la protección para los consumidores vulnerables.
Marco normativo para la estabilidad financiera del sistema
Se establece una regla de estabilidad financiera, mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes. Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos.
Aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas. Reducción costes del sistema por 2.700 millones anuales Renovables, cogeneración y residuos La reforma establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos.
Estas instalaciones recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías, garantizando una rentabilidad razonable antes de impuestos que, en principio, girará sobre el rendimiento medio en los 10 años anteriores de las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos. Este nuevo marco retributivo constituirá un instrumento adecuado para la protección y fomento de las tecnologías renovables, al incorporar mecanismos que aseguraran su adaptación a las circunstancias en lo que sea necesario para mantener el principio de rentabilidad razonable, introduciendo a la par elementos que tienden a minimizar la incidencia del eventual riesgo tecnológico. Redes transporte y distribución.
Se establece un régimen para las redes de transporte y la distribución que establece una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo, es decir, Obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.
Otras actividades reguladas del sistema La reforma introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares.
También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad. Además, se establece un sistema básico de incentivos para Canarias y Baleares, dónde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional.
El Gobierno también habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones (hibernación) bajo estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro. Más competencia y transparencia de cara al consumidor.
El Gobierno busca con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente. Para ello, se simplifica la factura eléctrica y se introducen modificaciones en la tarifa para aumentar la competencia.
La Tarifa de Último Recurso, a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas, para ofrecer ofertas y descuentos. Además, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente.
Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento del bono social. Por otra parte, la reforma también reforzará la lucha contra el fraude, se modificará la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías.
