Las empresas asociadas en UNESA están en total desacuerdo con las medidas anunciadas el viernes por el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa, tanto con el reparto de esfuerzos asignado entre los agentes del sector -que carga el 65% del esfuerzo en las actividades tradicionales- y el sacrificio que se exige a las empresas eléctricas, como con la insuficiente cuantía de las aportaciones que se realizarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico en el entorno de los 5.700 millones de euros en el presente ejercicio. De esta suma, 3.600 millones corresponden a sus actividades tradicionales: generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución. En total, dichas actividades soportan así el 65% del esfuerzo total exigido al conjunto del sector.
Las medidas anunciadas hoy suponen un esfuerzo adicional de cerca de 2.700 M€ para el sector eléctrico en su conjunto, de los cuales más de 1.000 millones recaen sobre las empresas de UNESA, lo que quiere decir que estas siguen asumiendo un coste desproporcionado.
Desde UNESA entendemos que ningún gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías de UNESA, procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico. El coste de estas decisiones políticas supone prácticamente la totalidad del déficit de tarifa. Así ha sucedido con el despliegue intensivo de energías renovables con tecnologías que, en el momento de su entrada en funcionamiento, estaban tecnológicamente inmaduras (solares), pese a lo cual se apoyó con incentivos excesivos su implantación masiva. Una vez más, pagan los que ni generan el déficit ni se benefician de los ingresos que lo generan.
Los costes de la política social están plenamente justificados siempre y cuando sean asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. No podemos compartir, por ello, que la parte de costes con cargo a los mismos sea tan baja, sobre todo si lo comparamos con lo que han asumido los diferentes agentes del sector. La Administración, según lo anunciado hoy, ni tan siquiera se hace cargo de partidas que estaría obligada a afrontar por ley. Igualmente, y pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo, la reforma anunciada continúa penalizando a las empresas de UNESA obligándolas a pagar a su costa el bono social.
Tampoco deben olvidarse las negativas repercusiones que ha supuesto, para las cinco empresas de UNESA, la obligación de financiar el déficit de tarifa; algo que les ha obligado a mantener inactivos durante muchos años unos recursos financieros de cerca de 20.000 millones de euros. Esta situación se ha traducido en una bajada de rating, en soportar unos mayores costes financieros, en la imposibilidad de aplicar estos recursos financieros a actividades productivas del sector y, en algunos casos, en la necesidad de desinvertir en activos productivos para poder gestionar un aceptable nivel de deuda.
Las medidas anunciadas hoy por la Administración agravan aún más la situación económico-financiera de las empresas de UNESA, al seguir mermando las retribuciones de todas sus actividades y al obligarlas a seguir financiando déficits relevantes durante 2013.
Es importante señalar que, entre las medidas adoptadas en el día de hoy, se vuelve a ver afectada de manera severa la actividad de distribución. En ese sentido, el modelo que se plantea es inasumible, ya que por un lado se mantiene la obligación de garantizar el suministro mediante nuevas inversiones pero, por otro lado, las mismas se retribuyen con una tasa del 6,5% antes de impuestos, un porcentaje que es insuficiente para cubrir los costes de capital invertido y que pone en riesgo la capacidad de financiación de los negocios de distribución. Estos recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a las compañías de UNESA a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España. Adicionalmente, se reducen a menos de la mitad los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, lo que hace posiblemente inviable su continuidad. Estas centrales, que están siendo expulsadas del mercado por razones regulatorias, son las que garantizan la seguridad de suministro del sistema eléctrico, a unos costes muy competitivos.
