Después de una larga instrucción de 10 años y casi 8 meses de vista, queda visto para sentencia el juicio por el Prestige.
Se repite una vez más el esquema judicial ante una gran catástrofe medioambiental: un lento y tortuoso proceso judicial en el que quedan fuera los verdaderos responsables.
El juicio por la catástrofe del petrolero Prestige, ocurrida en 2002 frente a las costas de Galicia, se ha estado celebrando en La Coruña desde finales de 2012 y está previsto que quede visto para sentencia hoy mismo. Durante estos más de 7 meses se han practicado todas las declaraciones de los acusados y de los cientos de testigos y peritos que el juez, la fiscalía y las múltiples partes personadas han propuesto.
Aún no se ha dictado la sentencia pero ya se sabe que las responsabilidades penales se van a limitar, en todo caso, a tres miembros de la tripulación y al exDirector General de la Marina Mercante. Otros posibles responsables de que el buque tuviera un estado de conservación deplorable, como el armador, la clasificadora, el propietario o el fletador, u otras autoridades políticas que intervinieron en la nefasta decisión de alejar el buque de la costa no han estado imputados a lo largo de la instrucción, ni acusados durante la vista oral y, por tanto, no podrán ser condenados en la sentencia que se dicte. Sin olvidar la clamorosa ausencia como imputados de los responsables del Gobierno de José María Aznar, quienes optaron por la peor alternativa posible con gran desconocimiento de la gravedad del asunto que se traían entre manos.
Ecologistas en Acción quiere destacar que no se ha determinado quiénes fueron los verdaderos responsables de la catástrofe. No cabe duda de que en primer término fueron el capitán y otros miembros de la tripulación que pudieron haber cometido errores en la navegación o en el mantenimiento técnico del barco. Pero también son responsables de su estado, del cumplimiento de las medidas de seguridad que les hubieran podido imponer en las revisiones efectuadas, de la inversión en medidas de mantenimiento y mejora de la estructura y casco del buque, el armador, el fletador, el propietario o la compañía de inspección (LRS). Esa cadena de posibles responsabilidades hay que desentrañarla.
Del mismo modo, para la organización ecologista, la instrucción de este largo proceso penal a lo largo de más de 10 años pone de manifiesto las enormes dificultades que existen a la hora de perseguir jurídicamente los casos de grandes catástrofes medioambientales. La compleja instrucción del proceso penal se ha tenido que realizar en un juzgado, el de Corcubión (A Coruña), con escasos medios para un asunto de 230.000 folios de diligencias, 55 acusaciones, 1.500 perjudicados, 140 testigos y 98 pruebas periciales. Tantos años de instrucción han puesto de manifiesto que los medios adicionales puestos a disposición de ese juzgado no han sido suficientes como para realizar dicha instrucción en un tiempo razonable.
Ecologistas en Acción constata que siempre que se produce un asunto penal por alguna gran catástrofe medioambiental en el que está implicada una o varias grandes compañías, el proceso judicial deriva en una lenta y tortuosa pesadilla procesal de difícil resolución. Y nunca pagan por su responsabilidad los verdaderos culpables. Con el juicio del Prestige se repiten las circunstancias y las dificultades de otros casos, como el de Aznalcollar (1998), los buques Urquiola (1976) y Mar Egeo (1992), etc.
