Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la Cámara regional, quien dijo que la finalidad de este órgano es el análisis de la problemática de las Islas en esta materia y la proposición de soluciones que se materializarán en la suscripción de acuerdos entre ambas administraciones.
El responsable autonómico explicó que esta subcomisión, integrada por cinco representantes del Estado e igual número del Gobierno de Canarias, planteará “acuerdos que resuelvan las discrepancias que han surgido hasta ahora en la interpretación y el modo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias”.
“Racionalizar y modular”
En este sentido, Berriel apostilló que las principales diferencias se concentran en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la línea de servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que cumplen con las condiciones exigidas por la Ley de Costas, ya que tienen naturaleza urbana antes de su entrada en vigor. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
Otra de las funciones de esta subcomisión mixta es trabajar para “racionalizar y modular” las actuaciones de recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero, sin llevar implícito un mayor costes social, dijo Berriel, quien remarcó la importancia de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. “Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia”, subrayó el consejero.
En este sentido, Domingo Berriel apuntó que este grupo de trabajo también será “el foro adecuado para la interpretación y correcta aplicación de la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario”.
