Desde el sábado, fecha en que puede consultarse el anteproyecto en la web del Gobierno de Cantabria, queda abierto un periodo de información para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones. Tras este proceso participativo y después de ser sometido al análisis del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria, el texto definitivo será remitido al Parlamento regional para su aprobación como proyecto de ley.
Estos y otros detalles de este acuerdo del Gobierno han sido ofrecidos por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.
Diego ha explicado que el Gobierno que preside, "sensible ante la inquietud generada por esta técnica de fractura hidráulica entre la ciudadanía de esta tierra", decidió hacer un estudio contando con las aportaciones de todas las consejerías y, tras someterlo al correspondiente debate, "ha decidido la prohibición del uso de esta técnica en Cantabria y su regulación por ley".
La futura ley, que se pretende sea "eficaz, clara y concisa", está regida por el "principio de precaución", en tanto no se conozcan los impactos reales del “fracking”, y tiene como prevalencia "la defensa de la salud y el medio ambiente".
De hecho, el texto del anteproyecto se refiere a los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica según estudios recientes elaborados por instituciones independientes y de indudable imparcialidad, y al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo que, como también ha recordado el presidente, en junio del pasado año planteaba interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica.
En su Disposición Transitoria el anteproyecto estipula que la normativa que prohibe el “fracking” será de aplicación tanto a los permisos ya concedidos como a los que se concedan a partir de la entrada en vigor de la ley. En este apartado, Ignacio Diego ha aludido a las seis autorizaciones que el ministerio de Industria concedió, y que afectaban a Cantabria y otras comunidades autónomas, para indagar las posibilidades de presencia de gas, siendo una sola empresa, Trofagás, la que planteaba el uso de la fractura hidráulica en sus prospecciones. Precisamente, ha puntualizado el presidente, a la que el anterior Gobierno de coalición PSOE-PRC concedió el permiso, ahora suspendido y pendiente de que se resuelva el recurso presentado en su día.
El Gobierno se ha puesto en contacto con todas las empresas que contaban con estos permisos, según ha precisado Ignacio Diego, para que desde el conocimiento de la nueva normativa, "hagan uso de sus derechos".
