Estas organizaciones alertában de la dejación de responsabilidades de las Administraciones públicas respecto de estrategias o medidas concretas para reducir dicho riesgo. Y solicitaban ser convocados a un encuentro para abordar la situación, un encuentro que aún no se ha producido y que han vuelto a pedir.
Ahora, en una prueba más de la escasa intención de la Administración de abordar el riesgo químico como una amenaza para la salud y el medio ambiente, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad quiere suprimir la disposición del Real Decreto 1802/2008, que obliga a los proveedores de una sustancia o preparado a entregar, antes de su comercialización, una copia de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) al Ministerio competente en materia de salud pública. CCOO ya ha planteado alegaciones para que no siga adelante este proyecto, que supondría un serio revés al derecho a la información de los ciudadanos.
Las FDS son el único documento público que contiene la información sobre la composición peligrosa de los productos químicos que se comercializan y sobre sus propiedades peligrosas, tóxicas y ecotoxicológicas. Contienen información sobre las medidas de control a adoptar durante su uso o en caso de accidente. Y son además la principal herramienta de información con la que cuentan las Administraciones, las empresas, los usuarios profesionales y los ciudadanos para informarse sobre los riesgos de las sustancias y productos que utilizan y sobre cómo prevenirlos.
Con esta propuesta, el Ministerio de Sanidad busca eludir su responsabilidad de prevención, vigilancia, inspección y control de los efectos sobre la salud humana derivados del uso y exposición a productos químicos y de coordinar, con otros organismos públicos, el control sanitario en el área de las enfermedades, salud ambiental y laboral de productos potencialmente peligrosos para la salud pública.
Numerosos Estados miembros de la Unión Europea establecen la obligación de entrega de las FDS a sus autoridades competentes, incluidos los países que mejores programas y políticas de prevención del riesgo químico han desarrollado, como es el caso de Austria, Noruega, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania, Bélgica o Suecia, con lo que pueden ejercer su obligación de documentar y elaborar estadísticas sobre los productos y sustancias que se utilizan, identificar y priorizar los más peligrosos, controlar su correcto etiquetado y elaborar planes de prevención de sus efectos dañinos.
