Tras cuatro días de sesiones en un juzgado de Valladolid y seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), la seman pasada concluyó la vista del juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La acusación popular de Centaurea y Ecologistas en Acción se reafirma en la petición de ocho años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental.
El proyecto de la “Ciudad del Golf” consistía en la construcción de 1.600 viviendas, varios hoteles y cuatro campos de golf, entre otras instalaciones, en un pinar protegido perteneciente a la Red Natura 2000 de la Unión Europea y refugio de la cigüeña negra, en peligro de extinción, entre otras especies. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impidió la realización de esta urbanización, al declarar como “no urbanizable de protección natural” el suelo donde ésta pensaba erigirse. A pesar de ello se talaron miles de pinos después de la sentencia.
En el juicio oral celebrado la pasada semana se analizó la actuación de técnicos y altos cargos autonómicos: el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo, Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.
Los procesados han apuntado a que la zona del proyecto carecía de valores ecológicos que justificaran su preservación de la urbanización y por ello se emitieron informes ambientales contrarios a dicha pretensión. Mantienen que no debían protegerse las 210 hectáreas integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, y en particular el Área Crítica para la conservación de esta última especie afectada por el proyecto.
Un planteamiento a todas luces insostenible, dado que fue la propia administración regional la que dotó a dichos terrenos de las figuras de protección legal cuya pertinencia parece que ahora se discute. Además el valor ecológico de estos terrenos se ha considerado probado por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo, que anularon la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos destinados a la “Ciudad del Golf”.
Dichos valores ecológicos y faunísticos han sido ratificados por los dos peritos de la acusación popular, un Investigador Científico del CSIC y una experta en avifauna de la Sociedad Española de Ornitología.
Por ello, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que la vista ha confirmado los términos del auto de imputación cuando señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente (aunque con medidas correctoras) el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Los conservacionistas esperan que en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués se determinen responsables penales y que dicha agresión ambiental no quede impune. Asimismo, consideran lamentable la posición corporativa mantenida por los testigos de la defensa, lo que junto al mantenimiento de los acusados como altos cargos en ejercicio a pesar del juicio lleva a los ecologistas a preguntarse en qué manos está la protección de la naturaleza en Castilla y León.
