Las cuestiones procesales marcarán el inicio del proceso, en el que hasta noviembre no declararán los acusados, el capitán del “Prestige”, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante. En diciembre comenzarán las declaraciones del más de centenar de testigos, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil supera los 2.200 millones, aunque un informe pericial de la Fiscalía cuantifica en 3.862,42 millones el impacto ambiental y económico de la catástrofe solo en el caso del Estado español.
El juicio ha generado expectativas, aunque los afectados ven difícil que se haga Justicia diez años después de la tragedia, algo en lo que coinciden las cofradías de pescadores y otros colectivos como organizaciones ecologistas o el movimiento “Nunca Máis”, creado tras la catástrofe.
Lo mismo apuntan los afectados en relación al hecho que el único responsable institucional que estará entre los acusados es el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Sí comparecerá como testigo, entre los 130 citados, el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
Con todo, y aunque "el resultado negativo" del juicio contra la clasificadora ABS en EE.UU -donde la firma quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España-, no es para los perjudicados un buen precedente, las partes personadas confían en que el juicio sirva para depurar responsabilidades por unos hechos acontecidos el 13 de noviembre de 2002.
Alejamiento del barco
Ese día, el “Prestige” registró una vía de agua, en medio de un temporal cuando el petrolero se encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Fisterre. Seis días después, el 19 de noviembre, el buque, tras intentar alejarlo de la costa, se partió en dos.
A la marea negra del petróleo, le siguió entonces una “marea blanca” de voluntarios procedentes de todo el mundo para limpiar el petróleo. Ahora, se une la “marea” de la numerosa documentación del juicio con un sumario de más de 260.000 folios.
En él, una de las cuestiones centrales será el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando el traslado del barco a una zona refugio.
Acusaciones
En el juicio habrá 55 acusaciones, asistidos por 70 letrados y que representan tanto a perjudicados, como es el caso de las 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria, como a organizaciones ecologistas y otras surgidas tras la catástrofe, caso de “Nunca Máis”.
Junto a ellos, estarán los letrados de la Abogacía del Estado, de la Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña, del Estado francés o la Fiscalía, entre otras partes personadas en el juicio, además de las defensas.
En cuanto a las reclamaciones, un informe pericial de la Fiscalía cifra en más de 3.800 millones el impacto económico y ambiental, frente a los casi 2.000 que se planteó inicialmente el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, solo para el Estado español.
Penas para los acusados
En un juicio con casi un centenar de peritos, lo que más expectación genera es si, finalmente, comparece en el juicio el capitán del buque, Apostolos Mangouras, cuya declaración no será como el resto de los acusados hasta el mes de noviembre.
En concreto, comenzarán a partir del día 13 con tres días de declaración para cada acusado, según las previsiones de la sala que enjuiciará el caso, dos hombres y una mujer.
Junto al capitán, Apostolos Mangouras, están acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto -en paradero desconocido y declarado en rebeldía– por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.
También lo está el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños, para el que la acusación de “Nunca Máis” solicita cinco años de prisión. Los demás acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los doce años de prisión, que reclama la Fiscalía para el capitán y los cuatro años de cárcel, que solicitan otras partes personadas.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, que figuraban como propietarias del barco, y el Estado español.
