Doñana
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha afirmado en el Parlamento que la conservación del Espacio Natural de Doñana continúa siendo una prioridad para el Gobierno andaluz y que su protección “no es negociable”. En esta línea ha destacado el esfuerzo realizado por la Junta que ha permitido, con el Decreto por el que amplia en 14.400 hectáreas el área protegida de este enclave hasta alcanzar un total de 128.300 hectáreas protegidas, triplicar la superficie preservada originalmente en la comarca.
Esta ampliación se ha realizado incorporando los montes públicos de la Junta denominados Grupo Bodegones-Cabezudos, Coto la Matilla I, II, III, que comprenden terrenos pertenecientes a los términos municipales de Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Bonares; así como parcelas del Subsector II del Plan Almonte Marismas situadas al sur del arroyo de la Rocina, en el término municipal de Almonte, que tras el abandono de su uso agrícola han sido reforestadas y añadidas al espacio natural.
El consejero ha explicado que el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de agosto declaró la Zona de Especial Conservación de Doñana Norte y Oeste. La superficie total de esta figura de protección de la Red Natural 2000 alcanza las 30.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad se sitúan fuera del espacio natural, lo que da una protección adicional al entorno del parque.
La citada normativa incluía también la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Espacio Natural Doñana, que sustituye a los planes hasta ahora vigentes de forma diferenciada para el parque natural y el nacional. Esta nueva planificación, que ha sido respaldada por un amplio consenso entre todos los sectores involucrados con el parque y su conservación, sustituye a la vigente desde 2004 en el Parque Nacional y desde 2005 en el Parque Natural.
Entre otras novedades, los planes recogen la prohibición en todo el espacio de nuevas autorizaciones, permisos y concesiones de aprovechamiento, investigación y explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, salvo el salinero, o la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos. También incorporan directrices de ordenación y criterios de gestión orientados a que planes, programas, proyectos y actividades que se realizan en su entorno se diseñen y desarrollen de forma sostenible y acorde a las necesidades de protección del espacio.
