Greenpeace ha recibido el emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Toledo con la demanda presentada por el servicio jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 18 de febrero de 2013. Según denuncia la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, Greenpeace vulnera su derecho al honor en su informe Amnistía a la destrucción. Sin embargo, en este informe solo se indica la arbitrariedad e inseguridad jurídica que supone la nueva Ley de Costas, que favorece a sectores muy concretos con intereses privados en el litoral.
Greenpeace se remite al informe Amnistía a la Destrucción, en el que revela un posible conflicto de intereses de miembros del Partido Popular (PP) en la reforma de la Ley de Costas.En el documento se denuncian los principales elementos perjudiciales para el medio ambiente de este proyecto, pendiente de aprobación por el Senado. Además, Greenpeace señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa.
La reforma de la Ley de Costas, en actual trámite parlamentario en fase de aprobación por el Senado, supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años. La organización ecologista denuncia que el proyecto de Ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.
Uno de los posibles intereses en la reforma de la Ley de Costas está en la legalización de las urbanizaciones construidas tras los paseos marítimos. Varias inmobiliarias podrían ver legalizadas sus urbanizaciones. Greenpeace destaca en su informe que Ignacio López del Hierro, Joaquín Rivero, Bautista Soler y el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, coinciden como consejeros en la inmobiliaria Bami Newco. De ahí se desprende la nula sensibilidad del Gobierno para llevar a cabo una reforma de tal calado.
"Con el informe sobre la reforma de la Ley de Costas, Greenpeace está defendiendo el derecho al medio ambiente que figura en el Artículo 45 de la Constitución en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el Artículo 20 de nuestra Carta Magna", ha declarado José Manuel Marraco Espinós, abogado de Greenpeace.
