Así, el informe, que se enmarca en un proyecto más amplio del CES sobre Desarrollo Económico, Competitividad y Cohesión Social, persigue analizar determinadas políticas públicas de especial relevancia para los objetivos de competitividad y de cohesión social.
Gestión descentralizada
El objetivo es analizar el funcionamiento de la gestión descentralizada de la política medioambiental en España, con el fin de identificar algunas de sus fortalezas y debilidades, tanto en términos de eficacia en el logro de los objetivos de protección medioambiental perseguidos, como en relación con sus efectos sobre la competitividad empresarial y la cohesión social.
El documento reconoce los "progresos logrados" en los últimos años en la doble dirección de desvincular el crecimiento económico y la generación de residuos, y de modernizar el tratamiento de los residuos para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.
El informa hace constar que la gestión de residuos, concretamente, se caracteriza por una gran profusión normativa y por el solapamiento descoordinado de disposiciones estatales, autonómicas y locales.
Confusión y complejidad
Para el CES esto entraña una "considerable confusión y complejidad que se traduce en trabas administrativas injustificadas para los agentes económicos". Igualmente, reconoce "notables" diferencias entre las distintas comunidades autónomas respecto a los procedimientos administrativos y las figuras tributarias relacionados con la gestión de los residuos.
Además, añade que los estándares medioambientales exigibles en este ámbito "no son iguales en todo el territorio del Estado" por las singularidades regionales, lo que implica, a su vez, distorsiones en el mercado interior porque impone costes mayores o menores a los agentes económicos dependiendo de la región en la que operan.
En este contexto, el CES apunta que las políticas de las administraciones públicas debe orientarse hacia un enfoque de pre-consumo dirigido a minimizar la generación de residuos, actuando en las fases de producción y comercialización.
Por ello, considera "necesario" fomentar la colaboración de instituciones, empresas y ciudadanos, determinantes de las pautas actuales de consumo de materias primas y generación de residuos.
El documento se muestra a favor de "armonizar, sintetizar y simplificar" la normativa y señala que sería la Comisión de Coordinación en materia de residuos, en tanto que instancia de coordinación multilateral, la que debería jugar un papel destacado en ello.
España se aleja de Kioto
En cuanto a la gestión de gases de efecto invernadero, el informe destaca que durante los años de expansión económica, España se ha alejado del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones que establece el Protocolo de Kioto, una tendencia que la crisis económica ha revertido.
Del mismo modo, el documento destaca que la distribución de emisiones de gases de efecto invernadero es "muy desigual" por comunidades autónomas, lo que responde a factores diferenciales como el desarrollo urbanístico o la especialización productiva, en particular, a la distribución territorial de la planta industrial.
Así, el texto propone reforzar las atribuciones de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, en el que están representados la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, para coordinar e integrar las estrategias nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y consensuar metodologías para realizar evaluaciones comparables.
Finalmente, también se muestra partidario de "reforzar" el papel de la Administración central en relación con la fijación de los criterios armonizados para aplicar los protocolos y procedimientos de autorización y verificación de las emisiones a la atmósfera.
