En total 15 organizaciones, han mandado una carta a la Comisión Europea para que inste Gobierno Español a asumir sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad, la Red Natura 2000. Han denunciado ante la CE que, tras dos años de retraso en la obligación de aprobar los instrumentos de gestión y designar las correspondientes ZEC y ante el consecuente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea, muchas comunidades autónomas han iniciado procesos de “aprobación masiva de los planes” con un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos.
Tras acumular de dos a cuatro años de retraso en la aprobación de planes de gestión de los espacios de la Red Natura, muchas Comunidades Autónomas reaccionan ahora tarde y mal ante el inminente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Hábitat y Directiva Aves. A pesar de reconocer el esfuerzo realizado por las administraciones autonómicas para la elaboración de los planes de gestión pendientes, las organizaciones firmantes denuncian que dicho esfuerzo se haya hecho únicamente para “cumplir el expediente”, aprobando planes de gestión deficientes y sin una adecuada participación.
Por este motivo, las organizaciones ambientales del ámbito científico y de la conservación han enviado una carta a la Comisión Europea para alertar sobre la falta de participación y las graves deficiencias encontradas en la “avalancha” de planes de gestión que están siendo aprobados por comunidades como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, con el fin de designar las correspondientes Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Sobre el contenido de los planes, la carta denuncia ante la Comisión Europea que los planes de gestión de Red Natura realizan una injustificada simplificación de prioridades de conservación. Tampoco se fijan objetivos de conservación para todas las especies y hábitat de interés comunitario con presencia significativa en el espacio y, en los casos en los que son fijados se hace de forma poco concreta, genérica y no medible. Respecto a las medidas de conservación, no se definen para todas las especies y hábitat de interés comunitario y, las que se incluyen son en su mayoría declaraciones de buenas intenciones genéricas, sin concreción, presupuesto, programación o asignación de responsables. Estas carencias se detectan en la generalidad de los planes de gestión analizados y no están dando cumplimiento a los requisitos que establecen las Directivas Hábitat y Directiva Aves.
Las organizaciones firmantes también han denunciado ante la Comisión Europea que en la mayoría de las Comunidades Autónomas no se han celebrado talleres ni reuniones participativas con los agentes locales interesados para la elaboración de los planes. Además, los plazos dados para los procesos de información pública de los planes han sido, en ocasiones, irrisorios. Por ejemplo, Castilla y León ha sacado recientemente a información pública 436 instrumentos de gestión, habiendo habilitado únicamente un mes de participación pública para hacer comentarios y alegaciones (después ampliado a 15 días más). El caso de Extremadura ha sido similar, con cerca de 100 planes puestos en información pública durante únicamente un mes de plazo.
La falta de detalle en los planes de las prácticas a respetar por los propietarios o gestores de las explotaciones en Natura 2000 impedirá la activación de las ayudas previstas al efecto en el Reglamento FEADER, en detrimento de la rentabilidad económica de dichas explotaciones. La ambigüedad de las medidas de gestión supone además una alta inseguridad para los agricultores, ganaderos y silvicultores, que no saben qué prácticas agrarias tendrán que adaptar, modificar o limitar para su compatibilización con los objetivos de conservación. Es decir, la mala calidad de los planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000 que se están aprobando no sólo no permitirá a España avanzar en sus objetivos de conservación de la biodiversidad de interés europeo, sino que además perjudica claramente al desarrollo rural.
