Esta decisión, firmada por el Director de Energía y Minas, Oskar Zabala, supone la ejecución de la sentencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 9 de junio de 2010.
Se rechazaba así el recurso de casación interpuesto por Canteras y Hormigones Zalloventa, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2007 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La sentencia de 2007 se refería a una resolución administrativa firmada por el Director de Administración de Industria y Minas en 2004 (y confirmada por el viceconsejero de Administración y Planificación en septiembre de ese mismo año). A través de aquellas decisiones, el Gobierno Vasco otorgó a la empresa la concesión de explotación en Zalloventa.
El Superior de Justicia del País Vasco, sin embargo, estimó los recursos contencioso-administrativos que se interpusieron contra esa concesión, de modo que anuló las resoluciones. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia en junio de 2010. Así que, en consecuencia, el Gobierno Vasco ha ejecutado la sentencia.
El Director de Energía y Minas ha requerido a la empresa explotadora a la "inmediata paralización de la actividad extractiva de las labores que se amparaban en la resolución anulada". Además, a través de la resolución firmada el 28 de junio, insta a Cantera y Hormigones Zalloventa a que presente un proyecto de abandono y desmantelamiento de las instalaciones.
La empresa también deberá adaptar el plan de restauración de la zona afectada por la actividad en su estado actual al plan de restauración aprobado. Todo ello se deberá presentar para su autorización ante la Dirección de Energía y Minas en el plazo de un mes.
Hace un mes, el Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda, compareció ante el Parlamento para informar de una medida que se tomó entonces: se denegó el permiso para la ampliación de la cantera de Zalloventa, tal y como había solicitado la empresa. De esa manera, se zanjó un expediente que se presentó por primera vez ante el Departamento en el año 2002 y desde entonces seguía pendiente de resolver de forma definitiva.
