La organización considera que el indulto concedido por el Gobierno es totalmente injustificado y que se produce en un momento de permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos.
El Consejo de Ministros indultó el pasado 31 de octubre, mediante el Real Decreto 863/2013, al empresario y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Ramírez Alonso había sido condenado previamente por la Audiencia Provincial de Las Palmas a tres años de prisión e inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio. La condena incluía la obligación de demoler las obras ilegalmente ejecutadas en un suelo de especial protección denominado "Pino Santo".
Ecologistas en Acción considera escandaloso que el Gobierno firmara el indulto con la condición de que proceda a la demolición de las obras ilegales, obligación que ya estaba contenida en la sentencia de condena. El empresario construyó un estanque, aparcamientos, un camino y un vallado en su propiedad "con total desprecio a la ordenación legal del terreno", según apuntó un juzgado de primera instancia y ratificó después la Audiencia Provincial.
Resulta sorprendente que la fiscalía de Las Palmas haya informado favorablemente el indulto cuando es quien debería, con su seguimiento de la ejecución de la sentencia, haber activado las decisiones sobre la demolición. En un caso de esta naturaleza primero hay que evaluar si se ha reparado el daño causado al medio ambiente (con la demolición) y luego, en todo caso, analizar si procede el indulto en función del arrepentimiento y otras circunstancias, pero no al revés.
Esta decisión se inscribe en una dinámica de concesión de indultos por parte del Gobierno a empresarios y políticos condenados por graves delitos que está pervirtiendo la figura del indulto. Debería reservarse para casos en los que el delincuente muestra un cambio en su actitud y en los que existen determinadas circunstancias personales que lo hagan acreedor de esa medida.
Pero el indulto de Miguel Ángel Ramírez Alonso obedece más bien a una política de dilución de las exigencias normativas medioambientales y de notables dificultades para el acceso a la justicia ambiental. Los delitos más graves, provocados por empresas poderosas, terminan sin sanción. Y cuando esta se produce se recurre a la vía del indulto.
Ecologistas en Acción entiende que el mencionado indulto no está justificado y espera que sea anulado. Por ello ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribubal Supremo.
