El Fiscal de Medio Ambiente abrió entonces las diligencias de investigación 92/2012, y como consecuencia de las mismas ha encontrado que hay indicios de delito por parte del Alcalde de Carboneras. En concreto, se acusa al Alcalde de Carboneras del presunto delito de prevaricación y desobediencia por mantener la clasificación del Algarrobico como urbanizable en el PGOU, en base a la interpretación sui generis que hace de diversas resoluciones judiciales que disponen lo contrario.
El Ayuntamiento de Carboneras, en el pleno municipal de fecha 11 de agosto de 2009, interpretó en sentido contrario las decisiones del TSJA, y luego del Tribunal Supremo, y clasificó El Algarrobico como urbanizable en el PGOU, teniendo el atrevimiento de adoptar esa decisión interpretando que así lo había ordenado el TSJA, cuando evidentemente el TSJA había ordenado lo contrario. Esta interpretación de la decisión del TSJA contraria a la realidad, consta en la página 14 del B.O.P. de Almería número 211 de fecha 3 de noviembre de 2009.
También se acusa al Alcalde de Carboneras de un presunto delito de desobediencia porque en la sentencia de fecha 21 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo estableció una servidumbre de protección de 100 metros en El Algarrobico y recriminó al Ayuntamiento de Carboneras el mantener la negativa a incluir en el Plan Parcial los 100 metros de servidumbre de protección, zona en la que no está permitido construir. A fecha de hoy el Ayuntamiento de Carboneras sigue sin cumplir la sentencia y continúa con un Plan Parcial y una licencia de obras invadiendo la servidumbre de protección de 100 metros.
También se acusa al Alcalde Carboneras de que no sólo incumple las diversas resoluciones judiciales sino que considerando la “legalidad indiscutible del hotel”, según sus propias palabras, se permite instar a la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Almanzora a que aprueben mociones para urbanizar El Algarrobico, en una clara manifestación de desprecio hacia las resoluciones judiciales y al Estado de Derecho.
